Paro nacional de estatales y quinta marcha universitaria al Congreso

Este jueves 15 de octubre la Asociación Trabajadores del Estado para 24 horas. El mismo día es la quinta Marcha Federal Universitaria. En la Ciudad de Buenos Aires las columnas van al Congreso. Cada provincia define hasta dónde llega la medida.

El 9 de octubre el Consejo Directivo Nacional de ATE notificó la jornada a Julio Cordero, en la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano. Firman Rodolfo Aguiar, secretario general, y Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta. La nota informa una jornada nacional de lucha de 24 horas, con paros, asambleas y movilizaciones, en toda la administración pública nacional: organismos centrales, desconcentrados y descentralizados, entes, empresas y sociedades del Estado. También alcanza a las administraciones provinciales y a los municipios. En la Ciudad de Buenos Aires la concentración es en la Plaza del Congreso. En las capitales y en las principales ciudades de cada provincia, la forma la fija la conducción local. El reclamo de esa nota es el financiamiento de la educación pública universitaria, la soberanía sobre el territorio y el rechazo a la extranjerización de las tierras. Pide la derogación del decreto 70/2023.

El comunicado de ATE del 13 de octubre pone la hora de la Ciudad: desde las 13:30, marcha al Congreso para exigir la derogación del decreto. Las protestas se replican en las principales ciudades de todas las provincias. Cada provincia define la extensión y la modalidad.

ATE enumeró servicios que pueden verse afectados. Recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones y los controles sanitarios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria en puertos y aduanas. También radiooperadores de medios públicos, personal de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, el mantenimiento de plantas nucleares y servicios públicos de provincias y municipios. En los hospitales, solo guardias mínimas. En los centros de niños, adolescentes y adultos mayores, solo urgencias. La Administración Nacional de Aviación Civil garantiza únicamente vuelos sanitarios y de Estado. PAMI y la Administración Nacional de la Seguridad Social atienden solo emergencias. Es la lista del sindicato. Cada provincia y cada organismo fijan el alcance. No es un cierre uniforme de todas las oficinas durante las 24 horas.

En ese comunicado, Aguiar dijo que el decreto incluye más de 300 leyes, que deroga la Ley de Tierras, la de Góndolas y la de Alquileres, y que permite privatizar las empresas públicas. Esa cifra es la que dijo él.

La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores llaman a movilizarse el 15 de octubre, con cese de actividades y abandono de tareas, para empujar desde la calle la sesión convocada por bloques de la oposición. Firman Hugo Godoy, secretario general de la Autónoma, y Hugo Yasky, secretario general de la de los Trabajadores. Las dos se presentan como Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina, una de ellas Autónoma. El texto las reúne en la Plaza de los Dos Congresos, con trabajadores de la educación, estudiantes universitarios, jubilados y familiares de personas con discapacidad que piden la prórroga de la emergencia.

El 13 de octubre las dos CTA repartieron volantes en Once, en el tren Sarmiento, y en Constitución, en el tren Roca. Convocan a la marcha universitaria y educativa del jueves a las 13 en el Congreso. Piden el cumplimiento de la ley de financiamiento educativo, la prórroga de la ley de emergencia en discapacidad y el rechazo, en Diputados, del decreto 70/2023. En ese volante dicen que el decreto afecta la Ley de Tierras y la de Alquileres, entre otras 300 leyes. Las CTA concentran desde las 13 en Avenida de Mayo y Salta. Eduardo Pereyra, secretario de Organización de la CTA de los Trabajadores, dijo que ese día también se vota el proyecto de desendeudamiento para las familias. Habló de «6 millones de familias que están endeudadas incobrables y 21 millones endeudadas». Esas cifras son las suyas. En la misma página la central escribió que el Frente Universitario marchará junto a las tres centrales sindicales.

El Frente Sindical de Universidades Nacionales, junto con el Consejo Interuniversitario Nacional y la Federación Universitaria Argentina, convocó la marcha para el 15 de octubre, a las 13:30, frente al Congreso de la Nación. Piden la aplicación de la ley de financiamiento, el presupuesto para el funcionamiento de las universidades, los salarios de docentes y trabajadores de la educación superior, y el debate del presupuesto 2027. Esa convocatoria escribe el número 27.7995. En el Boletín Oficial la ley es la 27.795.

La Asociación Gremial Docente de la UBA llamó, el 9 de octubre, a parar y a marchar el 15. El eje es la aplicación inmediata de la ley de financiamiento universitario y el rechazo al decreto 70/2023. La foto de esta nota es de la segunda Marcha Federal Universitaria, el 2 de octubre de 2024, en Buenos Aires.

La Ley 27.795 se llama Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. El Congreso la sancionó el 21 de agosto de 2025. El 2 de octubre de 2025 el Senado confirmó, con dos tercios, la insistencia de Diputados después del veto total. Por el artículo 83 de la Constitución, el proyecto quedó convertido en ley y se envió al Poder Ejecutivo para su promulgación. El Boletín Oficial la publicó el 21 de octubre de 2025.

La ley manda garantizar el financiamiento de la universidad pública. Actualiza al 1 de enero de 2025 los gastos de funcionamiento, de hospitales universitarios, de ciencia y técnica y de extensión, por la variación del índice de precios al consumidor entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024. Durante 2025 los actualiza cada dos meses por ese índice. Los aumentos ya pagados ese año se toman a cuenta. Los salarios docentes y no docentes se actualizan, como mínimo, por el índice de precios al consumidor entre el 1 de diciembre de 2023 y la sanción. El aumento es remunerativo y bonificable, y rige desde el mes siguiente a la publicación en el Boletín Oficial. Durante 2025 hay que pasar al básico las sumas que no eran remunerativas ni bonificables. Al mes siguiente de la sanción, el Ejecutivo debe convocar a paritaria del personal docente y no docente, como máximo cada tres meses. En cada tramo, la actualización mensual no puede quedar debajo de la inflación que publica el INDEC. Las becas Progresar, Manuel Belgrano, las de enfermería y las demás se recomponen por el índice de precios al consumidor desde el 10 de diciembre de 2023 hasta la sanción. La cantidad de beneficiarios tiene que crecer con la matrícula. También pide una partida de 2025 para regularizar ingresos a la carrera de investigador y para becas de ingresantes y posdoctorales. La Auditoría General de la Nación hace el control externo, según el artículo 59 bis de la ley 24.521, y manda los informes al Congreso. Los créditos para actualizar el presupuesto universitario al 1 de enero de 2025 salen por el artículo 27, inciso 2.c, de la ley 24.156, sin tocar la coparticipación ni los aportes del Tesoro. La ley también puede financiarse con ingresos corrientes por encima de lo presupuestado.

El 6 de octubre de 2026 la Universidad de Buenos Aires informó un fallo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 a favor de la UBA y del Consejo Interuniversitario Nacional. El juez Martín Cormick hizo lugar al amparo. Declaró inconstitucional el decreto 759/2025, el instrumento con el que el gobierno frenó la ley, y ordenó el cumplimiento inmediato, con las normas reglamentarias y de ejecución que hagan falta. La universidad transcribe las razones del juez. El decreto funcionó como un mecanismo fuera de la Constitución: un veto indirecto que la Constitución no prevé. No pasa un control mínimo de razonabilidad, porque permite suspender una ley en la que el Congreso insistió con las mayorías agravadas. En la noticia de la UBA del 6 de octubre no aparece una apelación del Poder Ejecutivo a esa sentencia.

La Universidad Nacional del Nordeste convocó la quinta marcha en Corrientes y en Resistencia. La concentración es a las 17:30 en las dos ciudades. En Corrientes, en el Museo de Ciencias Naturales, Avenida Costanera al 100. En Resistencia, en el campus de la UNNE, Avenida Las Heras 727. Las columnas salen a las 18 hacia las dos plazas 25 de Mayo. Ahí se lee un documento unificado a nivel nacional. En Resistencia la marcha coincide con un llamado anterior de la Multisectorial del Chaco. Ese espacio reúne a la CGT de la provincia, a la CTA, a SITECH Federación, a la multisectorial de mujeres y a agrupaciones de derechos humanos. Al final lee su propio documento.

La misma nota de la UNNE cuenta un recorrido anterior, distinto del fallo del 6 de octubre. La ley 27.757, de 2024, fue vetada por el decreto 879/2024. Diputados intentó insistir y no llegó a los dos tercios. La primera marcha fue el 23 de abril de 2024. La segunda, el 2 de octubre de 2024. En agosto de 2025 el Congreso aprobó la 27.795. El 17 de septiembre de 2025, mientras Diputados debatía, fue la tercera marcha. El Ejecutivo vetó otra vez, con el decreto 647/2025. Diputados y el Senado rechazaron ese veto. Después, el decreto 759/2025 promulgó la ley y condicionó su aplicación. La UNNE cita la frase «sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629». Explica que, por esa ley anterior, una norma que dispone gastos y no prevé el financiamiento queda suspendida hasta que entren las partidas. El Consejo Interuniversitario Nacional presentó un amparo. El 23 de diciembre de 2025 el mismo juzgado declaró inaplicable el decreto y ordenó cumplir la 27.795. La Cámara confirmó en marzo de 2026. El Estado presentó un recurso extraordinario. El 25 de junio de 2026 la Corte Suprema lo desestimó y dejó firme esa cautelar.

El 9 de octubre de 2026, en el amparo de la Asociación Civil Árbol de Pie y otros contra el Poder Ejecutivo, la Corte Suprema suspendió en forma provisoria el artículo 154 del decreto 70/2023. Ese artículo derogaba la Ley 26.737 de tierras rurales. La suspensión dura hasta que el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche resuelva sobre la legitimación y la cautelar. No resuelve si el decreto es constitucional. ATE y las dos CTA piden la derogación completa.

Nota relacionada: La Corte Suprema suspendió la derogación de la Ley de Tierras