El juez de la causa Chocolate denunció a Diputados bonaerenses por encubrimiento

El 29 de septiembre la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires difundió un comunicado. Responde a la denuncia penal que el juez de Garantías Guillermo Atencio presentó el 25 de septiembre contra autoridades de ese cuerpo, por el presunto delito de encubrimiento.

La denuncia quedó en la UFI N° 11 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo del fiscal Álvaro Garganta. Atencio la encuadró en el artículo 277, inciso 1°, del Código Penal. Ese artículo pune con prisión de seis meses a tres años a quien, después de un delito, ayude a alguien a eludir las investigaciones, oculte, altere o haga desaparecer rastros, pruebas o instrumentos, o adquiera, reciba u oculte dinero o cosas provenientes del hecho.

En su escrito, el juez dijo: "Al constatar la posible comisión de un delito de acción pública, como funcionario judicial me veo en la obligación de hacer esta denuncia para que se investigue a los presuntos responsables".

El origen es la causa de Julio "Chocolate" Rigau. Lo detuvieron el 13 de septiembre de 2023, de madrugada, en un cajero del Banco Provincia en 7 y 54, La Plata, con tarjetas de débito de empleados de la Legislatura. La fiscal Betina Lacki pidió los memos de designación de esas personas: qué legislador firmó cada contrato. El objetivo era reconstruir no solo cómo se retiraba el dinero, sino quién los metió en la planta.

La Cámara, en el comunicado del 29, dice que no hubo ocultamiento. El archivo de expedientes, según ese texto, está previsto en el reglamento interno desde 2002 y se votó el 28 de mayo de 2026, con más de dos tercios. El requerimiento judicial que el cuerpo toma como referencia ingresó el 19 de agosto. La frase que usa la Cámara es que, al momento de archivar, "dicho requerimiento todavía no existía". Agrega que la sesión fue pública, votada y transmitida en vivo.

El comunicado marca otra diferencia. Dice que los papeles cuestionados no son de la causa Rigau (expediente PP-06-00-047539-23/00), sino de otra, identificada como Rodríguez María Eugenia s/ hurto, artículo 162 del Código Penal. En la causa Rigau, sostiene, la Cámara sí aportó información, la investigación fue elevada a juicio y hay imputados privados de la libertad.

La Cámara califica de "inadmisible" que se pretenda perseguir penalmente a legisladores por los votos emitidos en ejercicio de sus funciones. Cita el artículo 96 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires: los miembros de ambas Cámaras son inviolables por las opiniones y votos que emitan en el desempeño de su mandato. El presidente del cuerpo, según el propio sitio de Diputados, es Enrique Alejandro Dichiara. Firman el comunicado las autoridades de la Cámara y presidentes de bloque.

El sitio de la Cámara no publicó ese comunicado como noticia. El 29 de septiembre el recinto sesionó a las 15. Lo que se conoce del texto sale de la difusión institucional de ese día.

Quedan tensiones que el comunicado no cierra. Lacki venía pidiendo esos papeles desde mucho antes del 19 de agosto. Que el archivo sea anterior a un requerimiento puntual no responde, por sí solo, si la Cámara ya sabía que la Fiscalía buscaba esos expedientes cuando votó archivarlos. Tampoco hay, en el sitio de Diputados, el PDF del comunicado ni el expediente de la denuncia de Atencio. El artículo 277 queda ahora en manos de Garganta: si el archivo y la falta de entrega de papeles caben en encubrimiento, o si el artículo 96 cubre el voto.

Lo que sí está fechado es esto. El 25 de septiembre un juez denunció a las autoridades de Diputados por encubrimiento. El 29 la Cámara contestó que el archivo fue legal, anterior al pedido y de otra causa. La UFI 11 tiene que investigar si alguna de las dos lecturas se sostiene.