La disolución de IOSFA entra en una nueva etapa: retiros voluntarios y cambios en la cobertura médica

El Gobierno nacional habilitó un régimen de retiros voluntarios para trabajadores del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), en medio del proceso de disolución y reorganización del organismo. La medida contempla compensaciones de hasta 30 remuneraciones mensuales y abre una nueva etapa en la reducción de su estructura, mientras la continuidad de la atención médica para cientos de miles de afiliados permanece como uno de los principales desafíos de la transición.

La Disposición 721/2026, publicada el 12 de noviembre en el Boletín Oficial, establece un período de adhesión entre el 12 y el 26 de noviembre, inclusive. El régimen alcanza exclusivamente al personal de planta permanente comprendido en la Ley 25.164. Las solicitudes deberán ser evaluadas por Recursos Humanos, por lo que la inscripción no implica una aprobación automática.

Las compensaciones varían según la edad, la antigüedad y la situación previsional de cada trabajador. En determinados casos pueden alcanzar los 30 salarios brutos. Para algunos empleados próximos a jubilarse también se contempla una alternativa de percepción mensual equivalente al 60% de su remuneración bruta durante un máximo de 36 meses, con continuidad de los aportes previsionales y de obra social. El programa incluye seis meses de cobertura médica para el grupo familiar. Quienes obtengan la aprobación del retiro tendrán, además, una restricción de ocho años para volver a trabajar en el Estado nacional.

La decisión se inscribe en una reestructuración más amplia. En febrero de 2026, el Decreto 88/2026 dispuso iniciar la disolución y liquidación de IOSFA y creó dos organismos diferenciados: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), bajo el Ministerio de Defensa, y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), destinada a los integrantes de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.

La separación responde a la decisión de dejar de administrar bajo una misma estructura las coberturas sanitarias de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas federales de seguridad. Sin embargo, el cambio más importante para los trabajadores llegó el 28 de octubre, cuando el Decreto 1286/2026 modificó las condiciones de transferencia de personal.

Mientras el esquema original contemplaba el traspaso de la totalidad de los trabajadores a la nueva OSFA, la modificación estableció que solamente serán incorporados aquellos que el directorio considere necesarios para el funcionamiento del organismo. El resto deberá ser evaluado según su situación laboral. Los empleados de planta permanente con estabilidad que no sean transferidos podrán quedar en disponibilidad dentro del Ministerio de Defensa, sujetos a las alternativas previstas por el régimen de empleo público.

La dotación histórica del organismo ronda los 2.450 trabajadores, según cifras difundidas durante el proceso de reorganización. ATE estima que alrededor de 1.450 podrían quedar fuera de la estructura: unos 1.000 trabajadores contratados y aproximadamente 450 empleados de planta permanente que pasarían a disponibilidad. Se trata de una proyección sindical, no de una cifra definitiva publicada por el Gobierno.

Las consecuencias ya comenzaron a observarse en algunas provincias. En Misiones, 17 trabajadores recibieron notificaciones de desvinculación: 16 en Posadas y uno en Puerto Iguazú, donde la delegación quedó sin su único empleado. ATE sostiene que varios de los afectados tenían más de diez años de antigüedad y estabilidad laboral reconocida desde 2023, y anunció acciones administrativas y judiciales para cuestionar las desvinculaciones.

El conflicto no se limita a la situación laboral. La reducción de personal y el posible cierre de dependencias también plantean interrogantes sobre la capacidad de mantener la atención presencial, gestionar autorizaciones y acompañar a afiliados que necesitan medicamentos o tratamientos continuos, especialmente en localidades alejadas de los grandes centros urbanos.

Por su parte, el Gobierno sostiene que la nueva estructura permitirá reducir costos administrativos y concentrar una mayor proporción de los recursos en prestaciones médicas. El Decreto 88/2026 establece que OSFA destinará como máximo el 8% de sus recursos a gastos administrativos y de funcionamiento.

La nueva obra social informó que asumió plenamente la atención médica de sus afiliados el 1 de octubre y que actualmente brinda cobertura a aproximadamente 325.000 personas. Según los datos oficiales publicados el 4 de noviembre, cuenta con prestadores habilitados en los 24 distritos del país y más de 3.000 farmacias convenidas, con el objetivo declarado de ampliar esa red.

Además, el 9 de noviembre OSFA anunció que había completado el pago de más de $9.000 millones en reintegros adeudados a afiliados. De ese monto, más de $7.800 millones correspondieron a discapacidad y cerca de $1.200 millones a salud mental y geriatría, además de prestaciones judicializadas. El organismo también informó un incremento del 50% en el volumen de consultas durante octubre y noviembre.

Estos avances constituyen indicadores relevantes del proceso de normalización que comunica la nueva administración, aunque todavía no permiten determinar por sí solos si todos los afiliados cuentan con acceso efectivo y regular a las prestaciones que necesitan. La existencia de prestadores habilitados o convenios con farmacias no garantiza automáticamente la disponibilidad de turnos, medicamentos y tratamientos en cada localidad.

La reorganización de IOSFA enfrenta, por lo tanto, dos objetivos que deberán evaluarse conjuntamente: corregir los desequilibrios financieros y administrativos de la estructura anterior y garantizar que la reducción de personal no termine debilitando la atención sanitaria de quienes dependen de ella.

El retiro voluntario abre una nueva instancia en ese proceso, pero todavía no existe una cifra definitiva sobre cuántos trabajadores serán incorporados a OSFA, cuántos aceptarán las compensaciones y cuál será la dotación final. Tampoco alcanza con demostrar una reducción de gastos para acreditar una mejora del servicio.

Para los aproximadamente 325.000 afiliados de la nueva obra social, el resultado más importante no será el tamaño de la estructura administrativa, sino la posibilidad concreta de conseguir atención médica, medicamentos y tratamientos sin interrupciones. Ese será el verdadero indicador para determinar si la reorganización consigue resolver los problemas que llevaron al cierre de IOSFA.