Irán declara organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea Argentinas

El Gobierno de Irán anunció el 11 de noviembre de 2026 que designó a la Armada Argentina y a la Fuerza Aérea Argentina como organizaciones terroristas. La decisión, atribuida al Ministerio de Relaciones Exteriores iraní y difundida por la agencia Tasnim, fue presentada como una represalia directa por la inclusión del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en el registro antiterrorista argentino.

Teherán invocó una ley aprobada en 2019 como respuesta a la designación estadounidense de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista. Su legislación establece medidas recíprocas contra los países que acompañen o respalden aquella decisión. El comunicado iraní advierte que Argentina será responsable de las consecuencias, aunque no especifica cuáles serían. La designación alcanza a la Armada y la Fuerza Aérea, pero no menciona al Ejército.

La medida no constituye una resolución de Naciones Unidas ni modifica por sí misma el estatus jurídico de las Fuerzas Armadas argentinas fuera de la jurisdicción iraní.

Una escalada que comenzó meses antes

La decisión no aparece aislada. Entre enero y noviembre de 2026 se acumularon una serie de medidas, declaraciones y acercamientos diplomáticos que deterioraron progresivamente la relación entre ambos países.

El 17 de enero, el Gobierno argentino ya había incorporado a la Fuerza Quds, una división de la Guardia Revolucionaria iraní, y a trece personas vinculadas con ella al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

Un mes después, el 28 de febrero, Estados Unidos e Israel realizaron una operación militar conjunta contra Irán que terminó con la muerte de su líder supremo, Alí Jamenei. El Gobierno argentino respaldó oficialmente las acciones militares. La Oficina del Presidente llegó a celebrar públicamente la eliminación de Jamenei y manifestó su expectativa de que la operación pusiera fin a décadas de gobierno de la República Islámica.

El 31 de marzo, Argentina dio otro paso al declarar organización terrorista a la totalidad del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica mediante la Resolución Conjunta 3/2026, firmada por los ministerios de Seguridad y Relaciones Exteriores.

La decisión fue justificada por el Gobierno argentino a partir de los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, y la AMIA, en 1994. El primero dejó 29 muertos y más de 200 heridos; el segundo, 85 muertos y al menos 151 heridos.

La resolución argentina sostiene que existió participación directa de la Guardia Revolucionaria en la financiación y ejecución de atentados. Sin embargo, una parte importante de los fundamentos utilizados por el Ejecutivo proviene de informes oficiales reservados, cuyo contenido no fue publicado junto con la resolución.

La respuesta iraní llegó inmediatamente. El 1 de abril, Teherán acusó al presidente Javier Milei y al canciller Pablo Quirno de haberse alineado con las operaciones militares estadounidenses e israelíes contra Irán. Al día siguiente, la Cancillería argentina declaró persona non grata al encargado de negocios iraní, Mohsen Soltani Tehrani, y le ordenó abandonar el país en 48 horas.

El 19 de abril, Milei y Benjamin Netanyahu anunciaron los Acuerdos de Isaac, una iniciativa de cooperación estratégica entre Argentina, Israel y otros países. El documento establece expresamente una mayor coordinación contra organizaciones terroristas, con especial atención a la supuesta expansión de redes iraníes en el hemisferio occidental.

Más recientemente, el 8 de octubre, Argentina e Israel firmaron un memorándum de entendimiento en materia de Defensa para profundizar la cooperación en equipamiento, tecnología, innovación e intercambio entre sus Fuerzas Armadas.

Todos estos acontecimientos contribuyen a explicar el deterioro de las relaciones, aunque Irán identificó oficialmente como fundamento inmediato de su decisión la designación argentina de la Guardia Revolucionaria.

Una respuesta política que también merece ser examinada

Existe un elemento particularmente importante: la decisión iraní no presenta evidencia de que la Armada o la Fuerza Aérea argentinas hayan cometido actos terroristas, ni identifica operaciones concretas de estas instituciones contra Irán. La justificación publicada es esencialmente la reciprocidad política.

Tampoco es un episodio completamente nuevo. El 1 de noviembre, Irán había aplicado una medida semejante contra el Reino Unido, declarando organizaciones terroristas a la Royal Navy y la Royal Air Force, mientras calificaba al servicio de inteligencia MI6 como grupo hostil.

La utilización de estas designaciones como instrumentos de represalia diplomática demuestra cómo la categoría de terrorismo puede convertirse también en una herramienta de confrontación entre Estados.

El peligro de convertir el antiterrorismo en un instrumento de control

La Argentina tiene razones históricas y judiciales para investigar el terrorismo y perseguir su financiación. Los atentados de 1992 y 1994 fueron hechos reales, con víctimas concretas, y la búsqueda de justicia no debería abandonarse.

Pero reconocer esos antecedentes no significa otorgar poderes ilimitados a los gobiernos ni aceptar cualquier medida presentada bajo la etiqueta de seguridad nacional.

La propia reglamentación argentina del RePET, establecida mediante el Decreto 918/2012 y sus modificaciones, permite incorporar personas y entidades por decisión administrativa cuando los ministerios de Seguridad y Relaciones Exteriores consideran que existen motivos fundados para sospechar una vinculación con una amenaza externa real o potencial a la seguridad nacional.

No se exige necesariamente una condena penal previa para esa vía de incorporación. La inscripción también tiene consecuencias prácticas: las operaciones en las que intervengan entidades registradas deben ser informadas a la Unidad de Información Financiera, y pueden dar lugar al congelamiento de activos cuando el análisis correspondiente detecte operaciones sospechosas. La normativa contempla, además, la posibilidad de solicitar la exclusión del registro.

El problema es que una herramienta de esta naturaleza, particularmente cuando se sustenta en informes reservados, requiere controles estrictos, fundamentos verificables y posibilidades efectivas de revisión. La existencia de una amenaza potencial no puede transformarse en una autorización general para ampliar la vigilancia, restringir actividades o señalar personas y organizaciones sin pruebas suficientes y garantías jurídicas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia del 26 de enero de 2024 sobre el caso Memoria Activa contra Argentina, declaró la responsabilidad internacional del propio Estado argentino por no haber adoptado medidas razonables para prevenir el atentado contra la AMIA, por las graves deficiencias en su investigación y por obstaculizar el acceso a documentación estatal. La sentencia demuestra que la seguridad y la justicia también requieren transparencia y responsabilidad institucional.

El terrorismo no es ficticio: la historia argentina demuestra sus consecuencias. Lo que no puede aceptarse es que la lucha contra él se transforme en una categoría indefinida, utilizada para justificar controles cada vez más amplios sin evidencia pública, límites claros ni supervisión judicial.

La respuesta iraní contra las fuerzas argentinas tampoco aporta justicia ni seguridad. Es una represalia política, no una demostración de culpabilidad de las instituciones señaladas.

Argentina no necesita convertir esta disputa en una nueva escalada. La confrontación diplomática no debe trasladarse a la sociedad argentina ni convertirse en una justificación para nuevas restricciones internas. La memoria de las víctimas, la defensa de la soberanía y la protección de las libertades no son objetivos incompatibles.

La seguridad debe proteger a la población, no convertirse en un instrumento para gobernarla mediante el miedo. Frente a una escalada que no ofrece beneficios concretos para los argentinos, la transparencia, la proporcionalidad, el respeto al derecho y la contención diplomática siguen siendo criterios fundamentales.