El Gobierno le entregó a la constructora de Cristóbal López una concesión de 528 kilómetros de rutas por 20 años

El Gobierno de Javier Milei adjudicó a CPC S.A., empresa vinculada a Cristóbal López y al Grupo Indalo, la explotación del Tramo Portuario Norte de la Red Federal de Concesiones. Son 528,04 kilómetros de rutas nacionales, entre Buenos Aires y Santa Fe, cuya operación, mantenimiento y explotación mediante peajes quedarán bajo responsabilidad privada durante dos décadas.

La adjudicación se formalizó mediante la Resolución 1149/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo el 27 de julio y publicada en el Boletín Oficial el 28 de julio de 2026.

La empresa presentó una tarifa de $1.856 sin IVA, frente a los $1.867 ofrecidos por el consorcio integrado por Panedile, Supercemento y Eleprint. La diferencia entre ambas propuestas fue de apenas $11.

La licitación fue pública, nacional e internacional. CPC participó del procedimiento, quedó primera en el orden de mérito y recibió la adjudicación. No fue una contratación directa.

Pero la historia empresarial y judicial de la constructora agrega un contexto que no puede ignorarse. CPC forma parte del Grupo Indalo, el conglomerado de Cristóbal López y Fabián De Sousa, dos empresarios que durante años protagonizaron algunas de las investigaciones más resonantes sobre negocios, obra pública y relaciones con el poder político en Argentina.

Además, existe un antecedente concreto: en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, Vialidad Nacional le rescindió a CPC una obra en Santa Cruz después de documentar el abandono de los trabajos.

Qué rutas quedan bajo la concesión

El Tramo Portuario Norte comprende tres sectores de la red vial:

Ruta Nacional 9: 50,33 kilómetros, desde el límite entre Buenos Aires y Santa Fe hasta Rosario.

Ruta Nacional 33: 447,95 kilómetros, desde Trenque Lauquen hasta el empalme con la Ruta A-012, en Rosario.

Ruta Nacional A-008: 29,76 kilómetros correspondientes a la avenida de Circunvalación de Rosario.

En total, son 528,04 kilómetros de infraestructura vial en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.

La concesión comprende la operación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de las rutas, además de las obras previstas, la prestación de servicios a los usuarios y la explotación mediante el cobro de peajes.

No se trata de una venta de las rutas ni de una transferencia de su propiedad. La infraestructura sigue siendo pública, mientras que la empresa concesionaria obtiene el derecho a explotarla y asume las obligaciones establecidas en el contrato.

El plazo adjudicado es de veinte años.

## CPC, la constructora del Grupo Indalo

CPC S.A. no es una empresa ajena a la trayectoria de Cristóbal López.

La propia compañía reconoce en su presentación institucional que pasó a integrar el Grupo Indalo, el conglomerado empresarial construido alrededor de López y Fabián De Sousa.

La vinculación también aparece en documentación judicial.

En una resolución del 29 de octubre de 2019, la Sala I de la Cámara Federal Criminal y Correccional analizó la situación de CPC en el marco de la investigación conocida como causa Cuadernos.

El tribunal señaló que la empresa aparecía en los registros aportados por el financista Ernesto Clarens, con seis pagos que habrían sumado $14 millones entre septiembre de 2011 y agosto de 2012.

La resolución identificó a Cristóbal López y Fabián De Sousa como beneficiarios finales de CPC a través de la firma accionista Inversora M&S.

Los camaristas también analizaron las comunicaciones y otros elementos incorporados a la investigación, y ratificaron el reproche procesal relacionado con los seis pagos investigados.

Es importante precisar que aquella resolución no constituyó una condena penal definitiva. Se trató de una decisión dictada durante la instrucción de la causa, sobre hechos que posteriormente debían ser debatidos y juzgados.

La propia estructura societaria de la nueva concesión también permite seguir la relación empresarial.

El 14 de agosto de 2026 se publicó la constitución de Arco Portuario S.A.U., una sociedad creada específicamente para ejecutar el proyecto del Tramo Portuario Norte.

El aviso societario identificó a CPC S.A. como accionista único, responsable del 100% del capital inicial de la nueva compañía.

El portal oficial de Vialidad Nacional identifica a Arco Portuario S.A.U. como concesionaria del corredor. Además, el registro de CONTRAT.AR informa que el contrato fue perfeccionado el 6 de octubre de 2026 a nombre de esa sociedad.

La secuencia es clara: CPC fue la empresa que presentó la oferta ganadora y obtuvo la adjudicación; posteriormente constituyó una sociedad íntegramente propia para ejecutar el contrato.

## Vialidad ya le había rescindido una obra por abandono

La adjudicación tiene otro antecedente documentado que merece atención.

En 2016, CPC había ganado una licitación pública para ejecutar obras faltantes sobre la Ruta Nacional 3, entre los kilómetros 1867 y 1908,60, en la provincia de Santa Cruz.

El contrato, adjudicado por $858.666.965,93, establecía un plazo de ejecución de treinta meses.

Sin embargo, los trabajos dejaron de realizarse durante noviembre de 2017.

La Dirección Nacional de Vialidad documentó que una inspección del 25 de enero de 2018 constató la ausencia de trabajadores y representantes técnicos, y verificó el abandono total de la obra.

El organismo también señaló que ya existían penalidades por incumplimientos reiterados en el avance de los trabajos.

A esto se sumó otro elemento: CPC había solicitado la apertura de su concurso preventivo de acreedores.

Vialidad intimó a la empresa el 9 de abril de 2018 para que retomara las tareas. No recibió respuesta.

Finalmente, mediante la Resolución RESOL-2018-864-APN-DNV#MTR, firmada el 11 de mayo de ese año, rescindió el contrato y dispuso la pérdida de la garantía de cumplimiento.

No era el mismo tipo de contrato ni el mismo corredor que ahora se adjudica. Tampoco demuestra por sí solo que CPC vaya a repetir aquel comportamiento. Pero constituye un antecedente oficial de incumplimiento de una obra pública que vuelve a ser relevante cuando se evalúan las obligaciones que la compañía asumirá durante los próximos veinte años.

## El empresario que Macri prometió que no volvería a beneficiarse de los abusos del poder

La dimensión política de esta adjudicación tiene un antecedente difícil de separar del nombre de Cristóbal López.

En marzo de 2016, Mauricio Macri se refirió públicamente al caso Oil Combustibles, la petrolera del empresario, y aseguró que su gobierno estaba intentando recuperar los aproximadamente $8.000 millones que se reclamaban por la deuda impositiva.

«Ese tipo de abusos no van a suceder más. No lo vamos a tolerar. Acá todo el mundo tiene que respetar las mismas reglas», declaró Macri en una entrevista televisiva.

El caso se había convertido en uno de los principales símbolos de las denuncias contra el kirchnerismo por los beneficios que supuestamente recibían determinados empresarios a través de sus relaciones con funcionarios públicos.

López fue durante años una figura recurrente en las discusiones sobre empresarios cercanos al poder, privilegios fiscales y expansión de negocios mediante contratos estatales.

La importancia de aquel discurso político no está solamente en las declaraciones de Macri. También está en que el empresario y su estructura empresarial siguen participando del negocio de la infraestructura pública nacional.

Ahora, una constructora vinculada a ese mismo conglomerado vuelve a obtener una concesión estratégica, esta vez bajo el gobierno de Javier Milei.

## Qué resolvió la Justicia en las causas de López

Para evaluar correctamente los antecedentes de Cristóbal López también es necesario distinguir entre las acusaciones, los procesamientos, las absoluciones y las condenas.

En la causa Oil Combustibles se investigó la presunta utilización de los impuestos a los combustibles que la petrolera debía ingresar al fisco, en una maniobra que involucró planes de pago otorgados por la AFIP durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

López y Fabián De Sousa fueron absueltos por el Tribunal Oral Federal N.º 3 en 2021.

En mayo de 2024, la Corte Suprema dejó sin efecto la primera confirmación de esas absoluciones y ordenó que Casación revisara nuevamente los argumentos de la fiscalía.

El 19 de febrero de 2025, la Cámara Federal de Casación volvió a absolver a ambos empresarios, por mayoría.

La fiscalía recurrió nuevamente y el expediente volvió a la Corte Suprema. Según la información judicial publicada el 19 de octubre de 2026, el máximo tribunal tenía pendiente resolver tanto ese planteo como el recurso relacionado con la condena del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray.

Por lo tanto, López y De Sousa no tienen una condena penal firme en esa causa, pero tampoco una absolución definitiva que haya cerrado toda posibilidad de revisión.

La situación es diferente en Cuadernos.

Allí, la constructora CPC aparece en la investigación por los presuntos pagos de dinero vinculados a contratos de obra pública. La resolución de 2019 mencionada anteriormente identificó los seis pagos por $14 millones y vinculó a López y De Sousa con la compañía como beneficiarios finales.

El juicio oral continúa. El 22 de octubre de 2026, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos de distintas defensas, entre ellas las de López y De Sousa, que buscaban cerrar los procesos mediante planteos de nulidad y reparación integral.

La decisión permitió que continuara el debate ante el Tribunal Oral Federal N.º 7.

Tampoco existe una sentencia definitiva que establezca la responsabilidad penal de López por esos hechos.

Los antecedentes judiciales son relevantes para entender la trayectoria del empresario y de CPC, pero no corresponde convertir imputaciones o procesamientos en condenas que todavía no existen.

## Veinte años de concesión y una responsabilidad que no puede quedar en los papeles

La adjudicación de CPC cumplió formalmente con un procedimiento de licitación pública. La propuesta quedó primera en el orden de mérito y la comisión evaluadora la consideró económicamente conveniente de acuerdo con los criterios establecidos en los pliegos.

Pero el cumplimiento formal de una licitación no elimina la obligación del Estado de controlar a quienes reciben concesiones de infraestructura estratégica.

La responsabilidad de la administración pública no termina cuando firma una adjudicación. Durante los próximos veinte años deberá controlar el cumplimiento de las obras, el mantenimiento de las calzadas, la seguridad vial, los servicios a los usuarios y las condiciones económicas y financieras asumidas por la concesionaria.

En este caso existe un antecedente concreto de abandono de obra, una trayectoria empresarial vinculada a uno de los conglomerados más cuestionados de la política argentina y una estructura societaria que permitió que CPC canalizara la concesión a través de una compañía propia.

La contradicción política no necesita exageraciones: durante años, Cristóbal López fue utilizado como ejemplo de los empresarios que no debían beneficiarse de sus relaciones con el poder. Ahora, una empresa de su conglomerado vuelve a obtener una concesión de rutas nacionales bajo el gobierno que prometió terminar con los privilegios empresariales.

La licitación fue pública. Pero eso no responde la pregunta más importante: ¿qué garantías concretas tendrá el Estado para que esta vez la empresa cumpla con todo lo que promete?