Argentina intimó al Reino Unido: dos semanas para frenar Sea Lion o va al Tribunal del Mar

El 28 de septiembre de 2026 la Oficina del Presidente publicó el Comunicado Oficial 166. Javier Milei instruyó a Cancillería y a los equipos jurídicos a iniciar el arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El objeto es impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte a través del proyecto Sea Lion, y también impedir que se otorguen nuevos permisos sobre la plataforma continental argentina.

El mismo papel fija un reloj. La Argentina intimó al Reino Unido para que, en dos semanas, tome las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuación de esas actividades. Si Londres no cumple, el Gobierno dice que va a pedir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar las medidas provisionales para preservar los derechos soberanos sobre esa plataforma.

El Anexo VII es el procedimiento arbitral de la Convención: un Estado parte notifica a la otra parte y se constituye un tribunal. No es un fallo ya dictado. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, puede dictar medidas provisionales mientras ese arbitraje se arma. La Argentina es parte de la Convención por la Ley 24.543.

El comunicado cita dos resoluciones de la Asamblea General. La 2065 reconoció la disputa de soberanía e instó a negociar. La 31/49 pidió a ambos países que no introduzcan cambios unilaterales mientras esa negociación sigue abierta. El texto dice que la explotación unilateral de esos recursos es contraria al derecho internacional y produce un perjuicio irreversible.

Cinco días antes, el 23 de septiembre, Milei había dicho ante la 81ª Asamblea General que Sea Lion avanza hacia la extracción de petróleo con licencias británicas que la Argentina rechaza por ilegales e ilegítimas, y que toda actuación no autorizada es un acto ilícito bajo la Convención y bajo el derecho interno. El comunicado 166 rechaza de forma categórica la respuesta británica a esa declaración. Recuerda que llamar a las islas Territorio Británico de Ultramar y el referéndum de 2013, que la Argentina no reconoce, no cambian la controversia que ya reconoció Naciones Unidas.

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En su cuenta, el Presidente resumió la instrucción con otras palabras: saqueo ilegal de recursos argentinos por Sea Lion y, si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

Antes de este paso ya había un paquete interno. El 3 de septiembre, por cadena nacional y por el Comunicado 157, el Gobierno anunció un decreto reglamentario y un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, con Sea Lion como gatillo: por primera vez, dijo, se trata de extraer un recurso no renovable.

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El 7 de septiembre, Comunicado 160, Cancillería y el Procurador del Tesoro presentaron denuncia penal contra Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., por presuntas licencias británicas en la Cuenca Malvinas Norte en violación de la Ley 26.659. El 8 de septiembre el Comunicado 161 sumó procedimientos sancionatorios contra 15 sujetos más, encima de 45 ya abiertos.

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El 10 de septiembre, con el Decreto 983/2026, se creó el Sistema de Articulación de la Política Exterior en Cancillería, con foco expreso en Malvinas. Cancillería, en septiembre, citó además a los embajadores del Reino Unido y de Israel para entregar notas de protesta por Sea Lion y nombró a las licenciatarias Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum.

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El comunicado del 28 de septiembre agrega otra pata. Detectaron operaciones de THALES UK LIMITED en la ruta aérea Islas Malvinas-Punta Arenas, con una aeronave de matrícula del Reino Unido y sin autorización argentina. Milei ordenó iniciar de urgencia procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas. El papel no publica fechas de esos vuelos ni cuántos fueron.

El 3 de septiembre, en el Comunicado 156 con Chile, el Presidente Kast reiteró el respaldo chileno a la soberanía argentina sobre Malvinas. Milei dijo que se valorarían los esfuerzos de Chile para evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales unilaterales en la zona disputada, en hidrocarburos y pesca.