IOMA, cada vez más enredada: deudas, prestaciones demoradas y un conflicto que vuelve a golpear a Kicillof

IOMA volvió a quedar en el centro de la escena bonaerense. Médicos, prestadores, acompañantes terapéuticos y familias de afiliados vienen reclamando por demoras en pagos, autorizaciones y prestaciones. Este martes 25 de agosto hubo una nueva protesta frente a la sede central del organismo, en La Plata, con familias de personas con discapacidad entre los manifestantes. El problema no es nuevo. Durante los últimos años, IOMA mantuvo conflictos con distintos sectores de la salud por deudas y cambios en los convenios. La gestión de Homero Giles, respaldada por Axel Kicillof, intentó modificar el esquema de contratación y eliminar intermediarios, pero los reclamos por pagos atrasados siguieron apareciendo. Uno de los casos más fuertes fue el del Hospital Garrahan. En junio, IOMA anunció que había pagado más de $1.230 millones y dio por cancelada la deuda. El hospital, sin embargo, sostuvo que todavía quedaban más de $8.200 millones pendientes por prestaciones realizadas a afiliados bonaerenses desde 2017. También hubo problemas en el interior. En Trenque Lauquen, profesionales de Hemodinamia del hospital municipal suspendieron prestaciones programadas para afiliados de IOMA y denunciaron pagos pendientes de larga data. Las urgencias quedaron exceptuadas. Desde la Provincia sostienen que el problema debe verse dentro de una crisis sanitaria más amplia. El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, viene señalando el impacto de la caída del empleo formal, la situación del sistema nacional y el deterioro general del financiamiento sanitario. El Gobierno de Kicillof, además, está impulsando una reforma para integrar distintas áreas del sistema de salud provincial. La discusión política, sin embargo, termina inevitablemente en IOMA. La obra social depende de la Provincia, tiene un presupuesto enorme y Kicillof sostiene a su actual conducción. Por eso, cuando un médico deja de atender, un acompañante terapéutico reclama meses de pagos o una familia denuncia problemas para sostener un tratamiento, el costo político termina recayendo sobre el gobernador. La oposición pide más controles y, en algunos casos, avanzar hacia una mayor autonomía de IOMA. El oficialismo responde que buena parte de las dificultades vienen de un sistema sanitario que atraviesa una crisis mucho más grande. Mientras tanto, para el afiliado la discusión es bastante más simple: poder conseguir un turno, recibir un tratamiento y que el prestador cobre. Y ahí está el principal problema de IOMA. Puede haber explicaciones sobre la economía, las auditorías o los convenios, pero mientras sigan apareciendo reclamos por prestaciones demoradas y pagos atrasados, la obra social seguirá siendo uno de los mayores dolores de cabeza para Kicillof.