La factura invisible de los pesticidas: salud, agua y generaciones futuras

Mientras conocemos cada vez más sobre sus efectos, Argentina vuelve a discutir el uso del glifosato. En 2023, Misiones sancionó una Ley de Promoción de Bioinsumos que establecía la prohibición del uso del glifosato en la provincia. La medida comenzó a generar una fuerte resistencia entre sectores productivos, que argumentaron que todavía no existe un reemplazo biológico capaz de cumplir la misma función a un costo comparable. Ahora, en agosto de 2026, el Gobierno provincial impulsa modificar la ley y eliminar nuevamente esa prohibición.

El argumento productivo es entendible: el glifosato es barato, eficaz y actualmente difícil de reemplazar en determinados sistemas agrícolas. La propia Confederación Económica de Misiones sostiene que no existe todavía un sustituto biológico técnica y económicamente viable para las condiciones productivas provinciales.

Pero justamente ahí aparece la pregunta que debería estar en el centro del debate.

¿Es razonable medir el costo de una sustancia solamente por lo que cuesta comprarla?

Los pesticidas transformaron la agricultura moderna. Permitieron controlar malezas, insectos y enfermedades, reducir pérdidas y aumentar la productividad. Ese beneficio existe. El problema es que su precio de mercado no necesariamente incluye todo lo que ocurre después de aplicarlos.

Un producto utilizado en un campo puede terminar en el suelo, el agua, los sedimentos, el aire y organismos que nunca fueron el objetivo. Puede exponer a trabajadores y poblaciones cercanas. Puede afectar polinizadores, fauna acuática y organismos del suelo. Y algunas sustancias o sus metabolitos pueden permanecer en el ambiente mucho más tiempo de lo que su aplicación individual hace visible.

Eso no significa que todos los pesticidas sean igualmente peligrosos ni que cada enfermedad de una población agrícola pueda atribuirse a ellos. Sería científicamente incorrecto.

Pero tampoco hace falta demostrar que cada molécula produce cáncer para reconocer que existe un problema.

La pregunta equivocada

Una buena parte de la discusión pública queda atrapada en una pregunta demasiado estrecha:

“¿Este pesticida causa cáncer?”

La respuesta puede ser sí, no, probablemente, posiblemente, o todavía no lo sabemos, dependiendo de la sustancia, la dosis, el tiempo de exposición y la calidad de la evidencia.

La pregunta ambiental es mucho más amplia.

¿Qué sucede cuando una sustancia diseñada para alterar biológicamente a un organismo termina repetidamente en agua, suelo y tejidos vivos? ¿Cuánto llega? ¿Durante cuánto tiempo permanece? ¿Qué ocurre con sus metabolitos? ¿Qué organismos están expuestos? ¿Qué sucede después de décadas de aplicación? ¿Existe una alternativa menos problemática?

La ausencia de una enfermedad humana perfectamente demostrada no convierte automáticamente a una sustancia en inocua.

Puede existir daño a organismos no objetivo sin cáncer.

Y puede existir una alternativa mejor sin que la sustancia original haya sido formalmente clasificada como peligrosa.

Ese es uno de los errores fundamentales del debate.

Lo que sí sabemos

Los pesticidas no forman una única familia toxicológica. Algunos son mucho más peligrosos que otros. La OMS distingue especialmente a los pesticidas altamente peligrosos y reconoce que determinadas sustancias pueden generar efectos agudos y crónicos importantes.

También sabemos que la exposición no termina necesariamente en la persona que aplica el producto.

En Argentina se ha detectado exposición ambiental y biológica en distintas poblaciones agrícolas. En Córdoba, por ejemplo, se encontró glifosato en aguas superficiales y subterráneas. En el sur de Santa Fe se detectaron múltiples pesticidas tanto en aguas superficiales como subterráneas. En el sudeste pampeano se encontraron glifosato y AMPA en sedimentos, agua superficial y agua subterránea.

En marzo de 2026, investigadores de la Universidad Nacional del Litoral y CONICET publicaron un estudio sobre poblaciones rurales de Santa Fe. Encontraron residuos de pesticidas en el 62% de las muestras de sangre y glifosato y AMPA en el 67% de las muestras de suelo. Las poblaciones rurales presentaron además mayores niveles de biomarcadores asociados con estrés oxidativo y daño genotóxico que el grupo urbano de control.

Otro estudio argentino reciente analizó a 89 mujeres embarazadas de zonas rurales y urbanas de Santa Fe. Encontró residuos de pesticidas en el 80,9% de las muestras de orina y múltiples residuos en el 64%. En los embarazos con restricción del crecimiento intrauterino se detectaron mayores cantidades de residuos y mayor presencia de determinados fungicidas.

En Patagonia, un estudio de 776 embarazadas encontró que la proximidad residencial a cultivos frutícolas con uso intensivo de pesticidas estaba asociada con mayor frecuencia de amenaza de aborto y algunas diferencias en parámetros neonatales.

Y en un estudio anterior, investigadores argentinos detectaron múltiples pesticidas en placentas de mujeres embarazadas de una zona de producción frutícola intensiva, con concentraciones mayores en mujeres rurales que urbanas.

la exposición es real, llega a personas que no necesariamente manipulan los productos y merece ser reducida, medida y vigilada.

El glifosato y el problema de esperar una certeza absoluta

En 2015, la IARC clasificó al glifosato como probablemente carcinogénico para los humanos. Las evaluaciones regulatorias europeas posteriores no llegaron a la misma conclusión. La evidencia epidemiológica tampoco es completamente uniforme.

Por eso no corresponde decir que cualquier persona expuesta al glifosato va a desarrollar cáncer.

Pero tampoco corresponde convertir una clasificación regulatoria favorable en una garantía de inocuidad absoluta.

Y existe además una diferencia importante entre glifosato y Roundup. El segundo es una formulación comercial que contiene otros componentes. La exposición real de una persona no necesariamente equivale a exposición al principio activo aislado.

La discusión científica seguirá siendo específica para cada sustancia, cada formulación y cada tipo de exposición.

La discusión ambiental, en cambio, puede ser más sencilla: si una sustancia química activa llega repetidamente a ecosistemas donde no era necesaria, contaminar ese ecosistema tiene un costo aunque nunca podamos atribuirle un cáncer concreto a una persona concreta.

“Pero es barato”

Sí. Y ese es precisamente el problema económico interesante.

El pesticida puede ser barato para quien lo compra porque buena parte del costo queda afuera de la factura.

El trabajador absorbe parte del riesgo de exposición.

El vecino puede absorber parte del riesgo ambiental.

El agua puede absorber residuos.

El ecosistema absorbe la presión química.

El Estado puede absorber costos de vigilancia y atención sanitaria.

El productor, además, puede terminar enfrentando resistencia creciente de las propias plagas, obligándolo a utilizar nuevas sustancias o mayores cantidades.

Eso se conoce en economía como una externalidad: un costo generado por una actividad que no queda incorporado completamente en el precio que paga quien obtiene el beneficio.

Un estudio realizado en Brasil llegó a estimar costos externos por intoxicaciones equivalentes, bajo sus supuestos, a aproximadamente US$1,28 por cada dólar gastado en pesticidas. Ese número no puede trasladarse directamente a Argentina, pero demuestra por qué el precio del producto no puede ser la única variable económica.

La FAO utiliza una idea similar al hablar de los costos ocultos de los sistemas agroalimentarios.

Algo puede ser barato y no ser económico.

No hace falta romantizar “lo natural”

Hay que ser rigurosos también acá.

“Natural” no significa automáticamente seguro. Arsénico, determinadas toxinas vegetales y numerosos venenos son perfectamente naturales.

La ventaja que debería buscarse es otra:

sustancias y métodos con la menor toxicidad posible, baja persistencia, bajo impacto sobre organismos no objetivo, degradación ambiental previsible y, preferentemente, origen renovable o biológico cuando puedan cumplir eficazmente la misma función.

Por eso la palabra importante no es solamente natural.

Es compatible.

Compatible con el agua.

Compatible con el suelo.

Compatible con la biodiversidad.

Compatible con trabajadores y poblaciones vecinas.

Compatible con la producción a largo plazo.

Una sustancia biodegradable y de bajo impacto que puede reemplazar eficazmente a una sustancia persistente y biológicamente agresiva debería tener una ventaja regulatoria y económica.

No porque “natural” sea una palabra mágica, sino porque el objetivo debería ser reducir la carga química innecesaria sobre el ambiente.

El verdadero problema es el ciclo

La historia regulatoria de los productos químicos muestra repetidamente una dificultad: una sustancia resulta útil, se masifica, empiezan a aparecer señales de daño, la evidencia se acumula y finalmente llega la regulación.

Después aparece otro compuesto.

El DDT es el ejemplo histórico clásico. El clorpirifos es un ejemplo posterior.

La FAO incluso utiliza el concepto de regrettable substitution: retirar un producto problemático para reemplazarlo por otro que termina generando nuevos problemas.

Eso plantea una cuestión que va más allá del glifosato.

Si nuestra solución frente a cada problema agrícola consiste en encontrar otra molécula que haga lo mismo, podemos terminar recorriendo indefinidamente el mismo círculo.

La alternativa más inteligente es reducir la necesidad de esas moléculas: manejo integrado de plagas, rotación, control biológico, variedades resistentes, métodos mecánicos, monitoreo y aplicaciones químicas solamente cuando sean realmente necesarias.

No se trata de pretender que la agricultura vuelva mágicamente a una época sin tecnología.

Se trata de utilizar más tecnología para necesitar menos veneno.

Y Misiones vuelve a poner la pregunta sobre la mesa

Esto es lo que hace especialmente relevante la discusión actual.

Misiones no está discutiendo el glifosato en un vacío. La provincia había intentado avanzar hacia bioinsumos y establecer una prohibición, precisamente con el argumento de reducir la dependencia de agroquímicos y proteger ambiente y biodiversidad.

Tres años después, el argumento para retroceder es esencialmente productivo: todavía no existe una alternativa que pueda reemplazarlo con la misma eficacia y costo.

Es un argumento legítimo.

Pero la respuesta no debería ser simplemente “entonces sigamos usando glifosato”.

Debería ser:

“Entonces invirtamos hasta que exista una alternativa que funcione.”

Porque si una tecnología productiva sólo resulta económicamente competitiva mientras sus costos ambientales y sanitarios permanecen fuera de la contabilidad, estamos comparando precios incompletos.

Y Misiones, justamente por la importancia nacional de su producción yerbatera y por la sensibilidad ambiental de su territorio, es un lugar especialmente importante para discutir qué modelo productivo queremos para las próximas décadas.

No necesitamos esperar a tener una catástrofe para actuar

No todo pesticida causa cáncer.

No toda persona expuesta enfermará.

No toda correlación epidemiológica demuestra causalidad.

No todo producto sintético es peor que todo producto natural.

Pero ninguna de esas afirmaciones justifica ignorar contaminación comprobada, exposición poblacional, daño ambiental o señales epidemiológicas.

La ciencia rara vez entrega una sentencia matemática del tipo “esta molécula causó exactamente esta enfermedad en esta persona”. La regulación sanitaria tiene que trabajar con grados de evidencia, exposición, vulnerabilidad, incertidumbre y alternativas disponibles.

Y hay una cuestión básica que debería atravesar todo el debate:

si podemos producir lo mismo con una sustancia menos tóxica, menos persistente y más compatible con el ambiente, no existe una buena razón para elegir la opción más problemática simplemente porque históricamente fue la más barata.

La agricultura necesita producir.

Los productores necesitan ganar dinero.

Las poblaciones rurales necesitan trabajo.

Pero quienes viven al lado de una plantación también necesitan agua limpia. Los trabajadores necesitan no enfermarse por trabajar. Los ecosistemas necesitan seguir funcionando. Y las generaciones futuras no deberían heredar un territorio químicamente deteriorado porque durante unas décadas resultaba más rentable no contabilizar ese costo.