El INTA busca exonerar a la científica que midió glifosato en 86 de cada 100 muestreados

El Consejo Directivo del INTA trató el sumario contra Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del CONICET en la Estación Experimental Agropecuaria de Balcarce. Según la propia investigadora y su abogado, Mario Bolla, el expediente propone la exoneración: la sanción más grave del empleo público nacional. Todavía no hay notificación formal. APINTA, el gremio del organismo, denuncia persecución, censura y silenciamiento.

La Ley 25.164, artículo 33, lista las causales de exoneración. Una de ellas es la falta grave que perjudique materialmente a la Administración Pública. El artículo 5 dice que quien fue exonerado no puede reingresar mientras no sea rehabilitado. El artículo 33 permite pedir esa rehabilitación a los cuatro años. No es, en el texto de la ley, una inhabilitación eterna. En la práctica, Aparicio tiene 53 años y dice que le quitan la identidad científica, el camino a la jubilación y cualquier cargo en el Estado nacional por un período no menor a cinco años.

La excusa del organismo no es nueva. En 2023, cuando Aparicio iba a presentar en público los resultados argentinos del proyecto SPRINT, el INTA canceló la reunión del 21 de junio. El argumento institucional, repetido entonces, fue que el mapeo biológico humano posiblemente había excedido la incumbencia del instituto. El 7 de diciembre de 2023, tres días antes de que asumiera Javier Milei, el presidente saliente del INTA, Mariano Garmendia, firmó la Resolución 1081/2023 y cortó la participación argentina en SPRINT. El 5 de julio de 2023 el Consejo Directivo ya había pospuesto las actividades del proyecto con la Resolución 2023-399-APN-INTA. Diputados pidió explicaciones por escrito ese mismo año (expediente 3188-D-2023).

En 2025, con Nicolás Bronzovich al frente del INTA y Sergio Iraeta en Agricultura, el sumario avanzó. Bolla dice que le imputan entre ocho y once hechos, entre ellos un supuesto perjuicio material grave al Estado y un ocultamiento de información a las jerarquías. La defensa responde que el INTA no puso un peso: el financiamiento vino de la Unión Europea, grant 862568 de Horizon 2020, y que los datos de las personas muestreadas están cubiertos por un acuerdo de confidencialidad. Una fuente del sector le dijo a La Política Online que el sumario es porque no cumplió procesos administrativos, y que aplicar la sanción más extrema es una locura.

Lo que sí está publicado, con DOI, no depende de un titular.

En 2013, Aparicio, De Gerónimo, Marino, Primost, Carriquiriborde y Costa midieron glifosato y AMPA en suelos y aguas de cuencas agrícolas argentinas (Chemosphere 93:1866-1873). En suelos cultivados hallaron glifosato entre 35 y 1.502 microgramos por kilo y AMPA entre 299 y 2.256. En materia particulada en suspensión, glifosato en el 67 por ciento de las muestras. En sedimentos de arroyos, glifosato en el 66 por ciento y AMPA en el 88,5. El trabajo salió del INTA Balcarce. Está en el repositorio del propio instituto.

SPRINT (Sustainable Plant Protection Transition) es el proyecto europeo que midió mezclas de plaguicidas en ambiente, plantas, animales y personas. El protocolo de campo se publicó el 15 de noviembre de 2021 en PLOS ONE (doi 10.1371/journal.pone.0259748). Argentina fue el único sitio fuera de Europa, elegido por la soja que alimenta al ganado europeo. El muestreo humano en la provincia de Buenos Aires se hizo en 2021: 73 voluntarios, sangre, orina, materia fecal, hisopos nasales y pulseras de silicona. El INTA figura como socio 16 del consorcio.

Los números que el equipo argentino y el propio SPRINT presentaron en la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 27 de septiembre de 2023, son estos: glifosato en el 86,1 por ciento de los argentinos muestreados frente al 35,2 por ciento de los europeos; glifosato en el 100 por ciento de las heces de los bonaerenses analizados frente al 70,5 por ciento en Europa; clorpirifos en el 37,7 por ciento de los argentinos frente al 3,7 por ciento de los europeos. En los 73 participantes, un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, de 2 a 10 en sangre y de 0 a 18 en materia fecal. En el polvo del hogar, de 43 a 86 plaguicidas. En agua superficial, de 10 a 28. No es un censo de 47 millones de personas. Es lo que midieron en esa muestra, con el método del proyecto.

Eso no está en disputa como dato de laboratorio. El daño del glifosato tampoco se reduce a un titular de cáncer.

El 20 de marzo de 2015, la IARC, agencia del cáncer de la OMS, lo clasificó como probablemente cancerígeno para humanos (Grupo 2A): evidencia limitada en personas (asociación con linfoma no Hodgkin), suficiente en animales y evidencia fuerte de genotoxicidad. En 2026, Truzzi y otros, dentro de SPRINT, volvieron a ver efectos genotóxicos de glifosato y de mezclas en células intestinales humanas. El cáncer es una rebanada. El resto de la literatura, la que no entra en el debate de marketing, es endocrina, reproductiva, del embarazo y del sistema nervioso.

En 2005, Richard y otros (Environmental Health Perspectives) mostraron que el Roundup altera la aromatasa, la enzima que fabrica estrógenos, en células de placenta humana, y que la formulación comercial es más tóxica que el glifosato solo. En 2009, Gasnier y otros (Toxicology) midieron disrupción endocrina en líneas humanas: antiandrogénica desde 0,5 ppm, antiestrogénica desde 2 ppm, aromatasa alterada desde 10 ppm, daño al ADN desde 5 ppm. Dosis menores que las agrícolas.

En 2010, Paganelli, Gnazzo, Acosta, López y Andrés Carrasco (CONICET-UBA) publicaron en Chemical Research in Toxicology que las formulaciones de glifosato producen malformaciones en embriones de vertebrados al desarmar la señal del ácido retinoico: microcefalia, ojo chico, cresta neural cefálica rota. El glifosato puro, inyectado, daba el mismo fenotipo. El paper cierra con la preocupación clínica por los hijos de poblaciones fumigadas.

En Santa Fe, el grupo de Milesi, Lorenz, Varayoud y Luque (UNL-CONICET) expuso ratas preñadas a dosis bajas de un herbicida a base de glifosato. En 2018, Archives of Toxicology: la generación F1 tuvo peor desempeño reproductivo; la F2 nació más chica, con más fetos pequeños para la edad gestacional, y en la dosis alta aparecieron anomalías estructurales (fetos unidos, miembros mal formados). Un review de 2021 (Mendez y otros, Exposure and Health) juntó 80 trabajos humanos, animales e in vitro: la evidencia experimental de toxicidad reproductiva y del desarrollo, incluso a generaciones siguientes, es fuerte.

Sobre el sistema nervioso, Costas-Ferreira, Durán y Faro publicaron en 2022 una revisión sistemática (International Journal of Molecular Sciences): exposición temprana desregula vías del desarrollo celular, altera diferenciación, crecimiento neuronal y mielina; también neurotransmisión, estrés oxidativo, neuroinflamación y disfunción mitocondrial, con trastornos de conducta y motor. Las dosis que producen eso, escriben, varían, y muchas quedan por debajo de los límites que fijan las agencias.

Esa es la masa de papers. No un estudio suelto. El recorte que deja solo “¿da cáncer, sí o no?” es el recorte que conviene a quien vende el litro.

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El Gobierno actual no inventó el silencio de 2023. Lo profundizó. La presentación se frenó bajo Alberto Fernández. El retiro del consorcio se firmó en la última semana de esa administración. El pedido de exoneración, con Bronzovich, es de esta. La continuidad es el dato, no el slogan.

Hay una desregulación que sí conviene: alquileres, trámites, barreras que no protegen a nadie. Y hay una que no: el control de sustancias que quedan en el suelo, en el agua y en el cuerpo.

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Aparicio sigue yendo a Balcarce. Dice que en los pasillos parece una leprosa. El Consejo Directivo, según el gremio, ya ratificó la propuesta. Falta el papel. Si llega, Bolla dijo que van a la Justicia.