Desregulación, sí. ¿Pero dónde se debe?

La desregulación económica que arrancó en Argentina en diciembre de 2023 tiene, con datos oficiales en la mano, resultados que cuesta discutir: donde el Estado le sacaba el pie de encima a un mercado, la oferta reaccionó y los precios bajaron. Eso es real y vale la pena decirlo sin vueltas. Pero desregular no es un botón de “todo o nada”. Hay una línea, y esa línea no es una opinión: es una cuestión de función y de riesgo, y además coincide con la práctica habitual de economías abiertas. Los países que Argentina dice querer emular no tratan igual la eliminación de una barrera burocrática que el control de sustancias peligrosas o la seguridad de un medicamento. La discusión está en cómo regular cada cosa, no en regular todo o nada. Esta nota repasa, con datos duros, dónde la desregulación argentina funcionó, y por qué hay funciones del Estado —salud y ambiente, sobre todo— que no deberían tratarse igual que el mercado de alquileres. ## Donde desregular funcionó El caso más claro es el de los alquileres. La Ley de Alquileres de 2020 imponía contratos de tres años y una actualización anual que no seguía el ritmo de una inflación de dos dígitos mensuales. El resultado, antes de que se tocara la ley, fue una oferta cada vez más escasa y precios en alza. Tras su derogación por el DNU 70/2023, un informe oficial basado en datos de Mercado Libre y la Universidad de San Andrés mostró que la oferta de departamentos en el Área Metropolitana de Buenos Aires aumentó 211,9% hacia mediados de 2024, mientras los precios reales cayeron 26,6% en el mismo período. Algo similar pasó con los vuelos. El Decreto 599/2024 desreguló rutas y tarifas bajo la política de “cielos abiertos”, y facilitó el ingreso de aerolíneas de bajo costo. En noviembre de 2025 se movilizó un récord de 4,39 millones de pasajeros, y durante 2025 se incorporaron decenas de nuevas conexiones. La política también produjo una expansión de la oferta internacional y doméstica. Y hay un tercer caso menos discutido, pero especialmente ilustrativo porque combina más oferta con menores precios: la yerba mate. Tras la desregulación de funciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate impulsada desde el DNU 70/2023, 2024 cerró con un récord de producción: el ingreso de hoja verde a los secaderos alcanzó unas 986.700 toneladas, 27,4% más que en 2023, mientras las exportaciones rondaron las 44.000 toneladas y también marcaron un récord. Datos oficiales de comercio exterior muestran además que las exportaciones de 2024 fueron 43.287 toneladas, un 13% más en volumen que el año anterior. El Gobierno atribuyó a la desregulación una caída de 44,3% del precio de la yerba en términos reales desde diciembre de 2023; ese último dato debe leerse como una estimación oficial, no como una medición que permita atribuir causalidad exclusiva a una sola medida. Los tres casos muestran algo en común, aunque no prueban por sí solos que toda desregulación produzca el mismo resultado: cuando una norma restringe artificialmente la cantidad de oferentes, la entrada al mercado, los recorridos, la producción o la forma de contratar, eliminar esa barrera puede traducirse en más oferta, más competencia y menores precios. Es la desregulación en su versión más defendible. ## Por qué hace falta una línea: lo que ya vivió el mundo El problema aparece cuando “sacarle el pie de encima al mercado” se aplica a funciones que no son de oferta y demanda, sino de protección frente a un riesgo que el consumidor no puede ver o calcular por su cuenta. Ahí no hace falta especular: hay casos de estudio. En la década de 1950, DuPont comenzó a utilizar PFOA, conocido como “C8”, en su planta de Washington Works, cerca de Parkersburg, Virginia Occidental, para procesos vinculados a la fabricación de materiales fluorados. Con el tiempo, la propia empresa acumuló información interna sobre sus posibles efectos tóxicos: los documentos históricos muestran advertencias y estudios internos desde mediados de los años 50, incluido un informe de toxicología de 1961. A pesar de ello, el PFOA terminó liberándose al ambiente durante décadas. No se trató simplemente de que “no existiera ninguna regulación”: también hubo un problema de información, de conocimiento interno que no se tradujo a una protección pública eficaz y de un sistema regulatorio que no pudo anticiparse al riesgo. El caso tuvo consecuencias ambientales y sanitarias de enorme escala. Durante décadas, los residuos asociados a la planta contaminaron agua y suelos en la región, mientras el conocimiento sobre el compuesto evolucionaba mucho más rápido que la respuesta regulatoria. En 2017, DuPont y otras partes alcanzaron acuerdos millonarios para resolver miles de demandas relacionadas con PFOA; y en 2024 la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos estableció, por primera vez, límites federales obligatorios para seis sustancias PFAS en agua potable, incluidos 4 partes por billón para PFOA y PFOS. La lección no es que “toda empresa contamina si se la deja libre”. Es más precisa: cuando existe una externalidad que el ciudadano no puede detectar por sí mismo, el mercado no puede corregirla simplemente a través del precio. Si una sustancia es invisible, sus efectos aparecen años después y la información relevante está concentrada en quien la produce, hace falta una autoridad capaz de establecer un piso mínimo de seguridad. El mismo patrón aparece en Love Canal, Nueva York. Entre 1942 y 1953, Hooker Chemicals utilizó el canal abandonado como vertedero y depositó allí más de 21.000 toneladas de residuos químicos peligrosos. El terreno fue posteriormente cubierto y vendido, y sobre la zona se desarrollaron viviendas y escuelas. Décadas después, los residuos habían contaminado el suelo y las aguas subterráneas, y alrededor de 950 familias fueron evacuadas. El desastre se convirtió en uno de los grandes catalizadores políticos de la legislación ambiental federal de Estados Unidos. En 1980, el Congreso aprobó la Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act, conocida como Superfund, para enfrentar sitios contaminados y establecer mecanismos de limpieza y responsabilidad. La propia EPA señala a Love Canal como una de las respuestas centrales que condujeron a ese sistema. Ninguno de estos casos demuestra que “más regulación siempre sea mejor”. Demuestran algo diferente: existen actividades en las que el costo de equivocarse es enorme, la información está distribuida de manera desigual y el daño puede ser prácticamente irreversible. Ahí la ausencia de un piso regulatorio puede ser mucho más costosa que el trámite que se intenta eliminar. Por eso, hoy, países que Argentina toma como referencia de libre mercado —Estados Unidos con la EPA y el Superfund, y la Unión Europea con sistemas como REACH— sostienen agencias de control ambiental y sanitario al mismo tiempo que mantienen economías abiertas. No es una contradicción: es la división de tareas que separa “liberar un mercado” de “soltarle la mano a un riesgo que el ciudadano no puede evaluar solo”. ## Donde Argentina empieza a cruzar esa línea Con ese marco, dos frentes de la desregulación argentina merecen más cuidado que el de los alquileres. El primero es la salud. El DNU 70/2023 habilitó cambios en el régimen de venta de medicamentos de venta libre. En julio de 2026, la ANMAT estableció la condición de venta libre para diez ingredientes farmacéuticos activos más, entre ellos trimebutina y levocetirizina, bajo concentraciones y formas farmacéuticas determinadas y de acuerdo con criterios de seguridad, eficacia y calidad. Hasta ahí, es una decisión regulatoria normal, del tipo que una agencia sanitaria toma cuando reclasifica productos cuyo perfil de riesgo permite una menor intervención profesional. El punto de fricción real está en la discusión sobre ampliar todavía más los canales de comercialización. El anteproyecto de Ley de Desregulación que el Gobierno viene trabajando en 2026 contempla extender la venta de determinados medicamentos de venta libre fuera del circuito tradicional de farmacias, incluyendo comercios y canales digitales. Ahí la discusión deja de ser simplemente si un trámite sobra y pasa a ser otra: qué medicamentos, bajo qué condiciones, con qué advertencias, con qué trazabilidad y con qué nivel de supervisión profesional. No todos los medicamentos de venta libre requieren el mismo nivel de control, y distintos países permiten su comercialización fuera de farmacias para determinadas categorías; justamente por eso, la pregunta relevante no es “¿kiosco sí o no?”, sino qué nivel de riesgo justifica cada canal de venta. El segundo es el ambiente, y acá el mecanismo no es una ley que se deroga, sino un presupuesto que se vacía. Según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), durante 2025 continuó el deterioro del financiamiento ambiental y algunas partidas registraron caídas reales cercanas al 95%. Su análisis para 2026 señala, además, que el ajuste acumulado sobre distintas políticas ambientales profundizó el debilitamiento institucional iniciado en 2024. Ese ajuste no es abstracto. Un informe anterior de FARN había advertido que durante el primer semestre de 2024 la ejecución de una partida vinculada al saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo había alcanzado apenas 6,9% de lo presupuestado para ese período. Es importante precisar el dato: se trata de la ejecución acumulada durante el primer semestre, no de todo 2024. La cuenca, además, involucra a unos 4,7 millones de habitantes según los datos censales más recientes utilizados por ACUMAR. En octubre de 2024, la Corte Suprema cerró su etapa de supervisión judicial directa sobre la ejecución del saneamiento del Riachuelo después de 16 años, trasladando el eje del control al ámbito administrativo correspondiente. El cierre de esa supervisión no significó que la contaminación dejara de existir ni que se abandonara formalmente el saneamiento; significó que la Corte dejó de ejercer ese seguimiento directo. A esto se suma el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que establece un régimen de estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años para los proyectos que ingresen al sistema. FARN advierte que esa estabilidad restringe el margen de las jurisdicciones para modificar determinadas condiciones regulatorias y sostiene que el régimen puede limitar capacidades provinciales y municipales en determinados aspectos. Es una interpretación crítica del régimen, no una descripción neutral de todos sus efectos, pero merece ser considerada precisamente porque plantea una pregunta relevante: cómo atraer inversiones de gran escala sin reducir la capacidad futura del Estado para elevar estándares de protección cuando aparezca evidencia nueva. El riesgo que plantea esta combinación es diferente al caso de Parkersburg, pero comparte una preocupación de fondo: que la expansión de determinadas actividades económicas avance más rápido que la capacidad del Estado para controlar sus impactos sobre residuos, agua, suelo y ecosistemas. ## La conclusión no es “menos desregulación”: es mejor desregulación Nada de esto invalida lo que sí funcionó. La evidencia de alquileres, vuelos y —con matices sobre causalidad— yerba mate muestra que sacar regulaciones que restringían la oferta o elevaban costos puede, en determinados mercados, traducirse en más competencia, más producción y menores precios. El problema no es desregular: es no distinguir entre una barrera de entrada que genera escasez y un control sanitario o ambiental que evita un daño que el consumidor no puede evaluar por sí mismo. Una buena política de desregulación debería hacer justamente esa distinción. Eliminar trámites redundantes, registros que no agregan seguridad, permisos que bloquean la entrada de competidores o restricciones artificiales a la producción puede liberar inversión y bajar costos. Eliminar la capacidad de controlar sustancias peligrosas, garantizar la calidad de medicamentos o fiscalizar impactos ambientales es otra cosa. Estados Unidos no construyó su sistema ambiental moderno porque descubriera que el mercado era malo. Lo construyó después de comprobar, a través de desastres concretos, que existen daños que un mercado por sí solo no puede corregir a tiempo. Argentina todavía está a tiempo de aprender esa parte de la historia antes de repetir la secuencia de desastre primero y regulación después. La discusión, entonces, no debería ser entre “Estado” y “mercado”. Debería ser mucho más incómoda y mucho más útil: ¿qué regulación protege al ciudadano y qué regulación simplemente lo encarece, le impide competir o le quita opciones? Ahí es donde la desregulación deja de ser una consigna y se convierte en una política pública seria.