Florida prohíbe que inmigrantes indocumentados se inscriban en universidades públicas

La Junta de Gobernadores del sistema universitario público de Florida votó prohibir que personas “no presentes legalmente” en Estados Unidos se inscriban por primera vez en las 12 universidades estatales. La regla arranca en el ciclo 2027–28.

El voto fue unánime y sin debate, en una reunión en Fort Myers a principios de septiembre de 2026. No alcanza a quienes ya están cursando. Sí cierra la puerta a nuevas altas sin estatus migratorio legal.

Antes, el 30 de junio, la Junta de Educación estatal (que regula los 28 community colleges y programas de educación de adultos, incluido el GED) ya había aprobado una regla similar: hay que acreditar ciudadanía o presencia legal para entrar.

Florida se suma así a un puñado de estados con políticas “prohibitivas” de inscripción (como Alabama, Georgia y Carolina del Sur en distintos grados). Estimaciones usadas en el debate hablan de unos 8.000 egresados de secundaria indocumentados por año en Florida y decenas de miles de estudiantes indocumentados en la educación superior del estado.

La medida es administrativa del sistema universitario, no una ley nueva del Congreso. El efecto práctico: sin papeles, no hay matrícula nueva en las universidades públicas de Florida a partir de 2027–28.

La Junta de Gobernadores rige las 12 universidades estatales. No rige los community colleges: esos 28 colegios y la educación de adultos, incluido el GED, ya tenían la regla de la Junta de Educación desde el 30 de junio.

El voto en Fort Myers fue unánime y sin debate. La regla arranca en el ciclo 2027-28. Quien ya está cursando puede seguir. La puerta que se cierra es la matrícula nueva sin estatus legal.

Las estimaciones del debate hablan de unos 8.000 egresados de secundaria indocumentados por año en Florida. No es un censo de la Junta: es el número que se usó en la discusión.

Alabama, Georgia y Carolina del Sur ya tenían políticas restrictivas en distintos grados. Florida se suma por vía administrativa del sistema universitario, no por una ley nueva del Congreso.