Ucrania: detienen sin fianza a la mujer que denunció presuntos abusos en Azov, mientras crecen las denuncias por secuestros y detenciones forzadas

Valentyna Moloda fue enviada a prisión preventiva durante 60 días después de denunciar que militares ucranianos eran retenidos y maltratados en una instalación vinculada al Cuerpo Azov, cerca de Kiev. Cuatro militares alojados en el lugar tenían lesiones, según reconoció el propio mando. El caso se produce en medio de miles de denuncias por detenciones ilegales, golpes y traslados forzosos de hombres durante la movilización militar ucraniana.

El 4 de noviembre, un tribunal de Kiev ordenó detener a Valentyna Moloda durante 60 días, sin posibilidad de pagar una fianza para recuperar su libertad. La medida se extiende hasta el 2 de enero de 2027.

La mujer había protagonizado una transmisión en redes sociales el 2 de noviembre, en la que denunciaba la existencia de un supuesto centro de tortura dentro de un inmueble utilizado por una unidad militar ucraniana.

La denuncia generó una concentración de civiles frente al edificio y terminó en enfrentamientos con la Policía y la Guardia Nacional.

Pero detrás del episodio hay un problema mucho más amplio: Ucrania lleva años acumulando denuncias por hombres que son interceptados en las calles, introducidos por la fuerza en vehículos y trasladados a centros de reclutamiento militar.

Qué encontró la mujer en el establecimiento de Azov

El inmueble estaba ubicado en Petropavlivska Borshchahivka, en las afueras de Kiev, y era utilizado por la unidad militar 3121, perteneciente al Primer Cuerpo de la Guardia Nacional ucraniana Azov.

Según la explicación del mando militar, allí se alojaba temporalmente a militares recién movilizados y a otros que habían abandonado sus unidades sin autorización y posteriormente habían sido localizados.

La denuncia difundida inicialmente hablaba de unos 40 hombres retenidos en un sótano, torturas, lesiones graves e incluso una persona fallecida.

Sin embargo, la investigación todavía no ha confirmado esas afirmaciones.

El propio Azov informó que había 26 militares en el inmueble y reconoció que cuatro presentaban lesiones. Los cuatro fueron trasladados para recibir atención médica y ser examinados.

El mando negó que existiera una cámara de tortura y cuestionó las versiones sobre un hombre con la columna vertebral rota. La causa de las lesiones de los cuatro militares todavía debe determinarse.

El dato importante es que la existencia de heridos no fue una invención de las redes sociales: fue reconocida por la propia estructura militar.

El 3 de noviembre, el Buró Estatal de Investigaciones de Ucrania abrió una causa penal por posible abuso de autoridad de personal militar. Los investigadores deberán determinar cómo vivían los hombres alojados allí, si fueron sometidos a coacciones y si existieron actos de violencia.

Por lo tanto, hay dos investigaciones diferentes: una contra quienes habrían organizado los disturbios y otra sobre las condiciones y el comportamiento de los militares responsables del establecimiento.

Por qué está detenida Valentyna Moloda

La versión de las autoridades es que la mujer no llegó allí simplemente para prestar asistencia médica.

La investigación de la SBU (Servicio de Seguridad de Ucrania) sostiene que el 30 de octubre había recibido el encargo de ayudar a sacar a un integrante de la Guardia Nacional del establecimiento.

Según esa hipótesis, debía utilizar una ambulancia y fingir una emergencia médica para retirar al militar de las instalaciones. La SBU afirma que Moloda se presentó como profesional sanitaria y que utilizó un vehículo particular que no estaba vinculado a ningún establecimiento médico.

También sostiene que coordinó con otras personas la difusión de mensajes en redes sociales para generar una concentración frente al inmueble y facilitar la operación.

La Fiscalía mencionó un pago de 107.000 grivnas relacionado con supuestos servicios de evacuación de militares.

Moloda, por su parte, negó haber organizado los disturbios. Sostuvo que había recibido un pedido de ayuda de una mujer cuyo marido supuestamente estaba retenido y siendo torturado.

Los cargos formales que enfrenta son obstrucción de las actividades de las Fuerzas Armadas, difusión no autorizada de información sobre ubicaciones militares y organización de disturbios masivos.

No está acusada formalmente de dañar la imagen pública de Ucrania. Tampoco fue condenada: continúa en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

El problema que conecta todo: hombres detenidos por la fuerza durante la movilización

Para entender por qué la denuncia provocó semejante reacción hay que conocer el funcionamiento del sistema de reclutamiento ucraniano.

Desde el inicio de la guerra, Ucrania mantiene una movilización militar obligatoria. Los organismos encargados de administrarla son los Centros Territoriales de Reclutamiento y Apoyo Social, conocidos como TCC.

Estos centros tienen facultades para gestionar el registro militar, emitir convocatorias y tramitar la incorporación de ciudadanos al Ejército.

Pero no tienen autorización para detener personas por su propia cuenta ni mantenerlas encerradas.

En la práctica, desde hace años se denuncian procedimientos en los que grupos de agentes interceptan hombres en la vía pública, los rodean, los golpean, los introducen en camionetas o minibuses y los trasladan a instalaciones militares.

En Ucrania esta práctica tiene un nombre popular: busificación.

El procedimiento suele comenzar con una supuesta verificación de documentación. En determinados casos, los hombres son trasladados por la fuerza incluso cuando presentan documentación médica, constancias de aplazamiento del servicio o registros que deberían excluirlos de la convocatoria.

Una vez dentro de los centros, existen denuncias de personas incomunicadas, teléfonos confiscados, abogados a los que se impide el acceso y hombres retenidos durante horas o días mientras se tramita su incorporación.

No es solamente una acusación de opositores al Gobierno ucraniano.

El propio defensor del pueblo de Ucrania, Dmytro Lubinets, publicó cifras que permiten dimensionar el problema.

Más de 12.000 reclamos en dos años

Según los registros de la Oficina del Ombudsman, las denuncias relacionadas con las actuaciones de determinados integrantes de los centros de reclutamiento aumentaron drásticamente.

Las cifras oficiales son:

2022: 18 denuncias.

2023: 514 denuncias.

2024: 3.312 denuncias.

2025: 6.127 denuncias.

Enero-septiembre de 2026: más de 5.600 denuncias.

El 1 de octubre de 2026, Lubinets informó que ya se habían superado las 6.000 presentaciones durante ese año.

Es importante aclarar que se trata de denuncias y no de 12.000 condenas judiciales ni de una cantidad comprobada de secuestros. Sin embargo, el crecimiento de los reclamos llevó al propio organismo estatal a reconocer un problema que requiere cambios.

Entre las irregularidades más frecuentes aparecen:

Detenciones y traslados forzosos de hombres.

Retención ilegal dentro de instalaciones de reclutamiento.

Golpizas y utilización de la fuerza física.

Confiscación de teléfonos y pertenencias.

Impedimentos para comunicarse con familiares y abogados.

Exámenes médicos superficiales y desconocimiento de documentación que acredita enfermedades o exenciones.

Incorporaciones militares pese a existir documentación que acredita el derecho a un aplazamiento.

El informe anual del Ombudsman sobre 2025 es particularmente contundente: sostiene que los centros de reclutamiento no tienen facultades legales para detener personas ni mantenerlas bajo custodia.

También señala que no son establecimientos habilitados como lugares de detención.

El organismo advierte que cualquier privación de libertad dentro de esas instalaciones sin una decisión judicial contradice el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En otras palabras, la obligación de cumplir con la movilización no significa que los funcionarios puedan llevarse a cualquier hombre por la fuerza y mantenerlo incomunicado sin procedimiento legal.

También están entrando en viviendas para llevarse hombres

La situación llegó a otro nivel durante 2026.

El propio Lubinets informó que había recibido reportes de alrededor de diez casos en los que integrantes de los centros de reclutamiento entraron en viviendas particulares, patios y otras propiedades privadas para sacar hombres por la fuerza.

Según su explicación, en algunos episodios las personas abrían las puertas y permitían el ingreso, tras lo cual los funcionarios retiraban a los hombres contra su voluntad.

Uno de esos episodios, registrado en la región de Jmelnitski, motivó la apertura de una investigación penal.

El Ombudsman advirtió que estas prácticas pueden constituir delitos y que no forman parte de las facultades ordinarias de los centros de reclutamiento.

No se trata, por lo tanto, únicamente de hombres detenidos en controles callejeros: también existen denuncias de ingresos a domicilios y extracciones forzosas.

Hay casos en los que los tribunales comprobaron los abusos

Existen además antecedentes judiciales que permiten distinguir las denuncias de los hechos que ya fueron comprobados.

En una causa de la región de Rivne, tres integrantes de un centro de reclutamiento detuvieron a un hombre que circulaba en bicicleta en febrero de 2025.

Según los hechos establecidos judicialmente, utilizaron gas irritante, lo golpearon y lo obligaron a subir a un vehículo.

Dos de ellos continuaron golpeándolo durante el traslado. Los tribunales clasificaron las conductas como tortura y privación ilegal de la libertad.

Los dos primeros fueron condenados en diciembre de 2025 a cuatro años de prisión, pero recibieron penas en suspenso. El tercer agente recibió una condena similar en julio de 2026, también con libertad condicional.

Los tres continuaron en servicio militar.

Otro caso ocurrió en Ternópil. Un hombre fue interceptado frente a un supermercado, golpeado y obligado a subir a un minibús para trasladarlo a un centro de reclutamiento.

Las lesiones incluyeron tres costillas fracturadas, una fractura en una mano y otra en la zona del seno maxilar.

En mayo de 2026, un agente fue condenado por privación ilegal de la libertad y lesiones, pero recibió tres años de prisión en suspenso.

Estos casos muestran que las prácticas denunciadas no se limitan a videos virales ni a versiones imposibles de verificar: existen sentencias judiciales que reconocieron detenciones ilegales, violencia y torturas cometidas por integrantes de los organismos de movilización.

Qué tiene que ver esto con el caso de Azov

Es importante distinguir las instituciones.

Los TCC son organismos de reclutamiento y movilización. La instalación denunciada por Moloda, en cambio, pertenecía a una unidad de la Guardia Nacional vinculada al Primer Cuerpo Azov.

Los hombres alojados allí ya eran militares. Algunos habían abandonado sus unidades y habían sido localizados, por lo que estaban a la espera de una nueva asignación.

No hay pruebas suficientes para afirmar que los 26 hombres fueran civiles secuestrados o que todos estuvieran siendo torturados.

Pero el contexto ayuda a entender por qué una denuncia de este tipo provocó una reacción tan grande.

Durante años se acumularon denuncias sobre hombres trasladados por la fuerza, retenidos sin garantías, incomunicados y sometidos a violencia durante la movilización. En ese escenario, cuando apareció un video que denunciaba la existencia de personas retenidas dentro de un establecimiento militar, la desconfianza social ya estaba instalada.

La situación de los hombres alojados en el predio de Azov deberá investigarse por separado. Que algunos hubieran abandonado sus unidades no elimina sus derechos ni autoriza malos tratos.

También deberá determinarse si Moloda organizó deliberadamente una operación para sacar a un militar del establecimiento y provocar los enfrentamientos, como sostiene la SBU.

Dos cuestiones que el Estado debe responder

El caso de Kiev deja planteadas dos preguntas distintas.

La primera es si Valentyna Moloda organizó una operación ilegal utilizando una falsa emergencia sanitaria para retirar a un integrante de la Guardia Nacional y generar disturbios. Eso deberá probarse judicialmente.

La segunda es qué sucedía realmente dentro del inmueble, por qué cuatro militares presentaban lesiones y bajo qué condiciones permanecían allí los hombres que habían abandonado sus unidades.

Pero existe además una cuestión nacional que no depende de la resolución de este caso: quién controla a los funcionarios encargados de reclutar hombres y qué garantías tienen los ciudadanos frente a los procedimientos de movilización.

Las propias autoridades ucranianas reconocieron miles de denuncias, detenciones ilegales, violencia física e incluso ingresos forzosos a viviendas particulares.

La guerra explica la necesidad de movilizar soldados. No convierte en legales los secuestros, las golpizas ni la detención arbitraria de ciudadanos.

Y precisamente por eso la investigación sobre el establecimiento de Azov no debería limitarse a determinar quién organizó los disturbios. También debe establecer qué ocurrió con los militares que estaban dentro y quiénes eran responsables de su custodia.