Polonia: denuncias por intento de golpe y una crisis institucional enfrenta a Tusk y Nawrocki

La disputa por el control del Tribunal Constitucional escaló a denuncias penales cruzadas, intervención policial, solicitudes para retirar inmunidades judiciales y la salida de tres diplomáticos. Este martes, el Tribunal Supremo, el Consejo de Seguridad Nacional y los magistrados del propio Tribunal Constitucional tienen previstas reuniones decisivas en medio del enfrentamiento entre el Gobierno y la Presidencia.

Polonia atraviesa una de sus mayores crisis institucionales de los últimos años. El conflicto enfrenta al primer ministro Donald Tusk con el presidente Karol Nawrocki y tiene como centro al Tribunal Constitucional, el organismo encargado de controlar que las leyes y decisiones del Estado respeten la Constitución.

La última escalada comenzó el 30 de octubre, cuando la jueza Anna Korwin-Piotrowska anunció la suspensión temporal, por un mes, del presidente del Tribunal, Bogdan Święczkowski, y de su vicepresidente, Bartłomiej Sochański.

La magistrada sostuvo que ambos estaban bloqueando el funcionamiento del organismo e impidiendo que nuevos jueces elegidos por el Parlamento pudieran ejercer sus funciones. Korwin-Piotrowska se atribuyó provisionalmente la conducción del Tribunal.

La medida provocó una reacción inmediata. Nawrocki interrumpió su viaje oficial a Senegal y regresó a Varsovia, donde acusó al Gobierno de tomar por la fuerza una institución constitucional. La Policía desplegó efectivos y barreras alrededor del edificio. Durante las protestas, tres personas fueron detenidas.

Tusk defendió la suspensión y afirmó que su Gobierno busca recuperar la independencia judicial después de años de disputas por los nombramientos realizados durante las administraciones del partido Ley y Justicia (PiS).

Cinco denuncias penales y acusaciones de golpe

El 2 de noviembre, la Fiscalía Regional de Varsovia confirmó la recepción de cinco denuncias relacionadas con los acontecimientos del fin de semana.

Una de ellas, presentada por el bloque parlamentario de PiS, acusa a Korwin-Piotrowska y a otros funcionarios de atentar contra un órgano constitucional y abusar de sus facultades.

Otras denuncias apuntan contra Nawrocki por presuntas agresiones a magistrados y entrada violenta al Tribunal. También hay presentaciones que denuncian una supuesta agresión contra el propio presidente y el intento de desplazar ilegalmente a las autoridades judiciales.

Se trata de denuncias que deberán ser examinadas por la Fiscalía, no de delitos probados ni de condenas. El término golpe de Estado aparece en las acusaciones políticas y jurídicas, pero no existe una determinación judicial que confirme que haya ocurrido un golpe militar o una toma del Gobierno.

En paralelo, el ministro de Justicia y fiscal general, Waldemar Żurek, solicitó retirar las inmunidades judiciales de Święczkowski y Sochański. La documentación presentada comprende 224 páginas y 50 tomos de expedientes.

Tres diplomáticos dejan sus puestos

La crisis también alcanzó al servicio exterior polaco.

Jakub Kumoch, embajador en China, y Paweł Soloch, representante en Rumania, renunciaron y vincularon públicamente sus decisiones con la suspensión de las autoridades del Tribunal Constitucional.

El 2 de noviembre se sumó Krzysztof Szczerski, representante permanente de Polonia ante Naciones Unidas, quien solicitó adelantar el final de su misión diplomática. El Ministerio de Relaciones Exteriores aceptó el pedido, aunque ni el embajador ni el Gobierno explicaron públicamente sus motivos.

El conflicto judicial tiene además un antecedente de once años. En 2015, durante el Gobierno de PiS, se realizaron nombramientos controvertidos para el Tribunal Constitucional, incluidos cargos que ya habían sido objeto de designaciones anteriores. La disputa sobre la legitimidad de sus integrantes continuó durante los gobiernos siguientes.

En octubre de 2026, la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, cuestionó que el presidente pueda utilizar la recepción del juramento como un veto discrecional sobre jueces elegidos legalmente por el Parlamento. El dictamen, sin embargo, no resuelve automáticamente la validez de todos los nombramientos actuales ni la legalidad de la suspensión de las autoridades del Tribunal.

Tres reuniones bajo presión

Este martes 3 de noviembre concentra tres encuentros institucionales:

A las 14:00, hora de Polonia, está convocada una Asamblea General extraordinaria de magistrados del Tribunal Supremo para tratar las amenazas al orden constitucional y la independencia judicial.

A las 15:00, el presidente Nawrocki encabezará una reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Donald Tusk confirmó que participará.

A las 15:30 está prevista una Asamblea General del Tribunal Constitucional, convocada por Korwin-Piotrowska, para tratar el presupuesto de 2027 y otros asuntos internos.

Esta última reunión enfrenta una disputa adicional: la Presidencia sostiene que Korwin-Piotrowska no tiene autoridad para convocarla y que esa facultad corresponde a Święczkowski. También existe incertidumbre sobre el quórum necesario para adoptar decisiones válidas.

Al cierre de esta actualización, las reuniones todavía estaban pendientes.

La disputa ya compromete a la Presidencia, el Gobierno, la Fiscalía, la Policía y dos de los principales órganos judiciales de Polonia. El resultado de las reuniones de este martes puede profundizar el enfrentamiento o abrir una instancia de negociación.