Trump habilita a empresas privadas a realizar operaciones de vigilancia e intrusión cibernética bajo control del Gobierno

El Gobierno de Donald Trump creó un nuevo programa que permitirá a empresas tecnológicas y de ciberseguridad estadounidenses seleccionadas participar en operaciones de vigilancia e intrusión informática contra organizaciones criminales transnacionales extranjeras, bajo autorización y supervisión del Gobierno federal. La medida fue establecida mediante un memorando presidencial firmado el 12 de agosto de 2026.

El objetivo declarado es ampliar la capacidad de Estados Unidos para combatir redes que utilizan internet para cometer fraudes, robos y otros delitos. La Casa Blanca sostiene que las empresas privadas poseen capacidades técnicas y velocidad de respuesta que el Estado puede aprovechar.

El programa será administrado por el National Coordination Center (NCC), con supervisión del Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional. Las compañías participantes deberán pasar controles de seguridad, firmar contratos con el Gobierno y cumplir procedimientos específicos.

El memorando contempla dos tipos de operaciones. La primera es la ciber-vigilancia, que puede incluir el acceso no autorizado a sistemas informáticos extranjeros para obtener información. La segunda, denominada “Cyber Effects Operations”, permite manipular, interrumpir, degradar, bloquear o destruir sistemas y redes informáticas.

La medida también abre un debate sobre la privacidad. Aunque el memorando establece límites para las operaciones contra personas y sistemas estadounidenses, incorporar empresas privadas a tareas de vigilancia e intrusión amplía el número de actores con acceso a estas capacidades.

La cooperación entre el Gobierno y compañías privadas en materia de vigilancia no es nueva en Estados Unidos y ya ha generado controversias legales y políticas. El nuevo programa vuelve a plantear una pregunta concreta: quién controla la información obtenida, cuánto puede extenderse su uso y qué ocurre cuando una herramienta creada contra organizaciones criminales termina utilizándose con fines más amplios. Esto no significa que el programa vaya a utilizarse contra ciudadanos comunes, pero sí marca un nuevo punto de discusión sobre los límites de la vigilancia.

El memorando establece además límites para las llamadas “Critical Outcomes”: los directores del programa no podrán aprobar operaciones con probabilidad de causar muertes, lesiones graves o efectos equivalentes a un ataque armado según el derecho internacional.

Las empresas participantes también deberán informar sus vínculos contractuales relacionados con el programa y podrán estar obligadas a mantener una garantía de al menos US$1 millón, que podría ejecutarse ante determinados incumplimientos.

El Gobierno tiene 60 días desde la firma para establecer los procedimientos definitivos. El programa deberá ser evaluado mediante un primer informe a los 180 días y posteriormente de forma anual.

La decisión marca un cambio relevante en la estrategia estadounidense contra el ciberdelito: Washington no solo busca información del sector privado, sino que incorpora directamente sus capacidades técnicas a operaciones cibernéticas realizadas bajo autoridad federal.