Santiago Peña renunció, pero sigue en el poder: Ueno Bank desató una crisis institucional en Paraguay

El presidente paraguayo Santiago Peña anunció este jueves 5 de noviembre su renuncia, acorralado por el derrumbe de Ueno Bank, una entidad financiera que tenía millones de clientes y cientos de millones de dólares de organismos públicos y fondos previsionales. Sin embargo, su salida no se concretó: la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el inicio de un juicio político y el Congreso terminó perdiendo el quórum cuando intentaba resolver si aceptaba su dimisión.

Lo que comenzó como una crisis bancaria terminó exponiendo una trama de vínculos empresariales, dinero público, posibles conflictos de intereses y controles regulatorios que ahora están bajo investigación.

El banco que llegó a concentrar el dinero de millones de paraguayos

Ueno Bank creció rápidamente hasta convertirse en una de las entidades financieras más importantes del país. Según sus propias comunicaciones, superaba los tres millones de usuarios, una cifra equivalente a más del 60% de la población adulta paraguaya.

El 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay inició el procedimiento de resolución de la entidad después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal exigido, como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización.

En términos sencillos, el banco ya no reunía las condiciones de capital necesarias para respaldar adecuadamente sus operaciones.

La situación dejó a millones de clientes temporalmente sin acceso a sus cuentas, transferencias y tarjetas.

Pero el problema no terminaba en los ahorros privados.

Más de 800 millones de dólares de organismos públicos

Uno de los datos más delicados del caso es la cantidad de dinero estatal que había ingresado en Ueno.

En una carta pública difundida el 21 de septiembre, el propio banco informó que, a junio de 2026, mantenía aproximadamente 295 millones de dólares en depósitos a plazo del Instituto de Previsión Social (IPS), además de otros 532 millones provenientes de distintas instituciones públicas.

En conjunto, eran unos 827 millones de dólares de origen público, dentro de una cartera total de depósitos de 2.800 millones.

El IPS administra los aportes de los trabajadores paraguayos y los recursos destinados a sostener el sistema de seguridad social, incluidas sus obligaciones previsionales.

La concentración de semejante cantidad de fondos públicos en una entidad privada pasó a ser uno de los principales puntos de cuestionamiento.

La pregunta ya no era solamente cómo había llegado el banco a una situación de insolvencia, sino también quién había autorizado esas colocaciones, bajo qué controles y qué ocurriría con el dinero de los trabajadores.

Los vínculos entre Peña, Ueno y el Banco Central

El presidente quedó directamente relacionado con la estructura empresarial detrás de la entidad.

Peña había sido accionista de Ueno Holding, sociedad vinculada al Grupo Vázquez, principal grupo empresario detrás de Ueno Bank. En marzo de 2025 sostuvo que había vendido su participación.

Pero otro vínculo generó cuestionamientos todavía más delicados.

Carlos Carvallo, quien presidía el Banco Central del Paraguay, había encabezado anteriormente Financiera Ueno, la entidad que precedió al banco digital.

Es decir, una persona que había dirigido una empresa vinculada al grupo financiero pasó posteriormente a encabezar el organismo encargado de supervisar el sistema bancario.

Carvallo presentó su renuncia el 3 de noviembre, después de que se iniciara el procedimiento de resolución de Ueno.

Estos antecedentes fueron incorporados a los cuestionamientos políticos contra Peña y a las investigaciones sobre el funcionamiento de los organismos de control.

La Fiscalía encontró operaciones por cientos de millones de dólares

La investigación judicial también avanzó sobre los movimientos financieros de la entidad.

El Ministerio Público imputó a 27 personas vinculadas a Ueno Bank y empresas relacionadas por presuntos hechos de conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.

Según el acta fiscal, se investigan préstamos y sobregiros otorgados durante 2025 y 2026 a compañías vinculadas al mismo grupo económico.

Entre las irregularidades señaladas aparecen créditos de montos elevados en relación con la capacidad de pago de las empresas beneficiarias, garantías insuficientes y documentación deficiente.

Los fiscales también detectaron indicios de transferencias de fondos hacia otras sociedades del mismo grupo y operaciones para cancelar obligaciones utilizando recursos provenientes de empresas relacionadas.

El expediente menciona saldos pendientes de aproximadamente 166,98 millones de dólares y 343.157 millones de guaraníes correspondientes a las operaciones examinadas.

La Fiscalía solicitó distintas medidas cautelares, entre ellas prisión preventiva para un exvicepresidente de la entidad y arresto domiciliario para otros directivos.

Es importante distinguir las causas: los 27 imputados pertenecen al entorno bancario y empresarial investigado. Peña, por su parte, quedó alcanzado por investigaciones específicas sobre el control de la entidad, las decisiones de las autoridades y la colocación de fondos públicos. Al cierre de esta nota no se había informado una imputación penal formal contra el mandatario.

El Congreso le soltó la mano

La crisis terminó quebrando el respaldo político que Peña había tenido dentro del Partido Colorado, la fuerza que gobierna Paraguay desde hace décadas.

Incluso Horacio Cartes, expresidente paraguayo y una de las figuras más poderosas del partido, respaldó el juicio político contra el mandatario.

El jueves, mientras se discutía su futuro, Peña publicó un mensaje anunciando su renuncia. Dijo que lo hacía para preservar la estabilidad del país, la paz social y las instituciones democráticas. También pidió disculpas a los paraguayos y manifestó que esperaba que se garantizara la devolución del dinero de los depositantes.

Pero la Cámara de Diputados resolvió continuar.

Con 78 votos afirmativos, los 78 legisladores presentes aprobaron el libelo acusatorio para someterlo a juicio político. La acusación incluyó su participación empresarial, la designación de Carvallo al frente del Banco Central y la concentración de recursos del IPS en Ueno.

El pedido contra el vicepresidente Pedro Alliana, en cambio, fue rechazado por 48 votos contra 30.

La situación se complicó todavía más cuando el Congreso se reunió para resolver la renuncia. En el Senado, la votación se inclinó por rechazarla, con 24 votos frente a 20 a favor de aceptarla. Cuando el tratamiento continuaba en la sesión conjunta, legisladores oficialistas abandonaron el recinto y dejaron al Congreso sin quórum.

La renuncia no llegó a ser aceptada formalmente.

Por lo tanto, al cierre de esta edición, Peña continuaba siendo presidente de Paraguay y el proceso de juicio político seguía abierto.

Por qué la renuncia también podía cambiar su situación judicial

Existe un detalle constitucional fundamental detrás de la disputa.

El artículo 189 de la Constitución paraguaya establece que los expresidentes elegidos democráticamente pasan a ser senadores vitalicios, salvo que hayan sido sometidos a juicio político y declarados culpables.

Esa condición les otorga presencia en el Senado con voz, aunque sin voto, y los alcanza el régimen de inmunidades parlamentarias del artículo 191.

En otras palabras, aceptar la renuncia sin una condena política podía permitirle a Peña acceder a una protección constitucional que complicaría un eventual proceso penal, aunque no lo convertiría en inocente ni impediría definitivamente una investigación: para avanzar judicialmente sobre un legislador existe un procedimiento de desafuero.

En cambio, si el Senado lo encuentra culpable en el juicio político, queda excluido de la senaduría vitalicia.

La diferencia es sustancial. No se trata únicamente de quién ocupará el Palacio de López, sino también de si el presidente deberá responder ante la Justicia sin esa protección parlamentaria.

¿Qué pasa ahora con los ahorristas?

Mientras la disputa política continúa, el Banco Central inició el procedimiento para devolver los depósitos dentro de los límites establecidos por la legislación.

La garantía ordinaria cubre hasta 75 salarios mínimos, actualmente equivalentes a 228.300.000 guaraníes por persona y por entidad bancaria. No se multiplica por la cantidad de cuentas que tenga un cliente.

El primer grupo de pagos anunciado por el Banco Central comprende a quienes tengan depósitos de hasta 10 millones de guaraníes, no mantengan deudas con Ueno y tengan una cuenta habilitada en otra entidad financiera.

Los montos superiores al límite garantizado dependerán de los mecanismos de resolución y de la recuperación de los activos del banco.

El Banco Central también aclaró que se trata de una situación particular de Ueno y que no representa, por sí misma, una crisis generalizada del sistema financiero paraguayo.

La crisis, sin embargo, ya dejó consecuencias concretas: ahorros inmovilizados, trabajadores afectados, directivos bajo investigación y una disputa institucional que alcanzó a la máxima autoridad del país.

Paraguay enfrenta ahora dos preguntas que van mucho más allá de la renuncia de Santiago Peña: dónde terminaron los fondos colocados en Ueno y quiénes deben responder por haber permitido que una entidad de semejante importancia llegara a esta situación.

La salida de un presidente no resuelve ninguna de esas preguntas.