Ofertaron US$340,2 millones por AySA y todavía no hay dueño

El Ministerio de Economía abrió el 8 de octubre las ofertas económicas por el 90% de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). El consorcio de Rowing S.A., Arcos Saneamento e Participações S.A., Transclor S.A. y PHX Aqua AR B.V. puso US$340,2 millones y quedó primero. El consorcio de Roggio Roas S.A.U. ofreció US$285 millones.

Eso es lo que hay, y es fuerte: en esta licitación de dos etapas, sin precio mínimo, los dos grupos ya habían pasado la evaluación técnica. Quien pone más queda primero. Por eso se lee que Rowing–Arcos–Transclor–PHX “ganó”. La diferencia es de US$55,2 millones, un 19% más.

Ganar esa ronda no es lo mismo que ya ser dueño. El comunicado oficial de Economía describe una apertura de ofertas y usa futuro: “se seleccionará” al operador. Al 9 de octubre no hay en el Boletín Oficial una resolución que adjudique el 90%, ni consta el pago ni la transferencia de las acciones. El consorcio, por su parte, comunicó satisfacción por haber presentado la mejor oferta y dijo que seguirá el procedimiento del pliego, con análisis de la Comisión de Evaluación antes de la adjudicación.

Todavía faltan, como mínimo, la revisión de esa comisión, el dictamen de preadjudicación, la resolución de adjudicación, el pago y la firma del contrato. El 10% restante del capital sigue en manos de los trabajadores, a través del Programa de Propiedad Participada. El expediente es la Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 504/2-0003-LPU26.

El dato que cambia el encuadre no es el nombre de las constructoras. Es que Transclor, una de las cuatro empresas de la oferta más alta, ya le vende a AySA los químicos con los que se trata el agua.

El proveedor que ahora puja por comprar

Los contratos están en los comunicados del propio directorio de AySA.

En julio de 2025, el directorio aprobó contratar a Transclor para operar y mantener la planta de policloruro de aluminio de AySA y para proveer ese insumo. El contrato es de US$109.533.600, por 36 meses. Ese químico no es cloro: se usa para juntar la suciedad del agua y poder sacarla después.

Meses antes, en diciembre de 2024, el mismo directorio había aprobado una ampliación de la orden de compra 70694 para cloro líquido destinado a potabilizar agua: US$5.351.000 extra, por 12 meses, también a favor de Transclor.

La empresa se presenta como productora y distribuidora de derivados de cloro-soda para el tratamiento del agua. No entra de afuera a un rubro nuevo. Ya es proveedora de la compañía cuyo control ahora busca integrar.

En esa misma reunión de julio de 2025, el directorio aprobó además cambios al manual interno de compras de AySA. El acta cita el artículo 118 del marco regulatorio, el que fija cómo se contratan bienes y servicios.

La pregunta concreta

Hay un conflicto de intereses económico potencial, no un delito demostrado. Si una firma que vende insumos pasa a integrar el grupo que controla a la compradora, esa firma puede influir en precios, renovaciones y elección de proveedores.

Los papeles públicos no dicen qué porcentaje tendrá cada socio dentro del consorcio. Tampoco prueban que Transclor vaya a manejar AySA sola. Lo que sí está documentado es el vínculo comercial previo y su lugar en la oferta más alta.

Qué prometen para el servicio

El contrato de concesión protocolizado otorga el servicio por 30 años, con derecho a una prórroga de 10 si se piden con 18 meses de anticipación y se cumplen las condiciones del contrato.

Para 2027-2031, el Gobierno informó un Plan de Acción de $2,89 billones a valores de diciembre de 2025, sin IVA. El desglose oficial es este:

Obras: $1,13 billones.

Mantenimiento: $1,15 billones.

Mejoras: $315.761 millones.

Operación: $296.166 millones.

La mitad del anuncio no son obras nuevas. Obras y mejoras suman alrededor de $1,45 billones. Mantenimiento y operación, otros $1,45 billones.

Las metas de cobertura que publicó Economía son del 75,3% en agua potable y del 63,9% en cloacas para 2031. Al terminar el período inicial de la concesión, los mínimos anunciados son 90% y 75%.

Economía también describió el punto de partida: entre 2006 y 2023 el Tesoro le giró a AySA más de US$13.400 millones; un tercio del área concesionada sigue sin agua potable y cloacas; el agua no contabilizada está en 42%; y la morosidad pasó del 4% al 16%.

Para el usuario, el efecto concreto depende de que esas obras se hagan, de la calidad del agua y de la tarifa. El marco vigente prevé revisiones tarifarias ordinarias cada cinco años como máximo. Esas revisiones no congelan la factura: el mismo artículo manda un índice automático, cada tres meses como máximo, para reconocer la inflación.

Cómo se compran los insumos

El Decreto 493/2025, de julio de 2025, reescribió el artículo 118 del marco regulatorio.

El texto original de la Ley 26.221 pedía priorizar el origen nacional, publicar un aviso para convocar oferentes, procurar el menor precio entre las ofertas admisibles, llevar un registro de proveedores e involucrar a los organismos de control.

El artículo 118 actual mantiene la obligación de hacer una licitación u otro procedimiento competitivo que permita comparar precios. La letra chica de ese procedimiento queda en el reglamento que apruebe el directorio de la concesionaria.

El cambio no borra toda competencia ni prueba compras irregulares. Sí deja de enumerar varias de las garantías que el texto anterior escribía una por una. Con un proveedor de químicos adentro del grupo controlador, esas reglas de compra dejan de ser un detalle técnico.

Qué se controla en el agua

El mismo decreto de 2025 reemplazó los anexos que dicen qué sustancias se miden y con qué frecuencia. Ese cambio es anterior a la apertura de ofertas de octubre de 2026.

En los documentos de la oferta económica no aparece una orden de subir la dosis de cloro ni de incorporar químicos nuevos al agua. El punto verificable es otro: antes de esta licitación ya se habían cambiado las reglas de análisis y las de contratación de insumos.

Una cautelar bonaerense había frenado, en septiembre, piezas del proceso ligadas a la calidad del servicio. La causa pasó a la Justicia federal. La apertura de ofertas del 8 de octubre se hizo igual.

Nota relacionada: La Justicia bonaerense frenó a AySA de bajar la calidad del servicio de agua y mandó el caso a la Justicia federal

Lo que falta ver

Rowing–Arcos–Transclor–PHX tiene la oferta más alta y, con las reglas de esta etapa, quedó primero. Eso no cierra la venta. Hasta que exista la resolución de adjudicación y se transfieran las acciones, el 90% sigue en el Estado.

Hay tres datos que el expediente público todavía no cierra: cuánto pesa cada socio dentro del consorcio, qué reglas van a aplicar a las compras entre AySA y empresas del mismo grupo, y quién audita la calidad del agua con independencia del operador.

Los papeles no muestran un plan oculto para cambiar la composición del agua. Muestran una combinación que pide control: un proveedor histórico de químicos en el grupo que quedó primero por el 90% de AySA, un marco de compras menos detallado en sus garantías expresas y un recambio previo de las listas de análisis.

El resultado para el usuario depende de que las inversiones se ejecuten, de que la tarifa se regule y de que los controles del agua se puedan verificar sin que los escriba el mismo que vende el insumo.