Flock, empresa privada, lee las patentes y el cliente elige qué policía las ve

Flock Safety es una empresa privada de Estados Unidos. Les vende a la policía, a los barrios cerrados y a los comercios una cámara que anota la patente del auto que pasa, la hora, el lugar y el tipo de vehículo, y el programa para buscar después ese registro. En sus páginas dice que el archivo es de quien compra y que ella no lo vende. El comprador, además, decide si abre sus cámaras a otra policía, de a una, por zona o por estado, o si se anota en una búsqueda nacional. En esa búsqueda otra dependencia consulta una patente entera, una sola, entre las cámaras cuyos dueños también se anotaron. Un barrio o un comercio puede compartir las suyas con una policía que tenga un acuerdo con la empresa. Las de la policía las consulta la policía.

Garrett Langley, el director, lo escribió el 19 de junio de 2025. Cada búsqueda pide un motivo y queda guardada para las agencias cuyas cámaras salieron en el resultado. Ese registro, aclara, en la mayoría de los lugares lo pone la empresa: la ley no se lo pide. Flock tiene unas 1.500 personas, y Langley dice que el límite de lo que se puede buscar lo pone cada ciudad y cada estado, porque la empresa no escribe el código penal. En esa fecha la cámara guardaba lo leído 30 días, salvo que el contrato dijera otra cosa.

El 13 de agosto de 2026 cambió el consejo. A los clientes nuevos de la policía les propone guardar siete días, y el que ya tenía un plazo se lo queda. Hay una forma de apartar, como prueba, la lectura que una causa necesita. El 1 de septiembre aclaró que los siete días son para esa policía nueva: el barrio y el comercio siguen con el plazo de su contrato. La cámara toma el texto de la patente, la fecha, la hora, el lugar y la marca, el modelo y el color del auto. De ahí, dice la empresa, no salen el nombre, el domicilio ni el teléfono de quien maneja.

El 6 de enero de 2026 escribió sobre el gobierno federal. Dice que no tiene contrato con el servicio de inmigración y que compartir con una agencia federal viene apagado, salvo que el cliente local lo encienda. En la misma nota figuran clientes federales que sí tiene, parques nacionales, hospitales de veteranos y bases militares, y pruebas ya terminadas con el FBI, con la agencia de armas y explosivos, con la investigación naval, con la oficina de investigaciones del servicio de inmigración y con la aduana fronteriza. Esas pruebas, dice, se cerraron, y desde agosto de 2025 un organismo federal entra solo si un cliente local le abre la cámara, de a uno. California quedó fuera de la búsqueda nacional en marzo de 2025. En Illinois una ley de 2024 prohíbe que una policía de otro estado use esas cámaras para inmigración, para un tratamiento de identidad de género o para un aborto. Langley contó que igual aparecieron búsquedas con esos motivos, y que en junio de 2025 sumaron un bloqueo de palabras.

El tamaño de la red se dijo en el Senado de Estados Unidos el 23 de septiembre de 2026. Alasdair Whitney, abogado del Instituto para la Justicia, habló de más de 120.000 cámaras en 49 estados y de más de 20.000 millones de lecturas por mes. Esa cifra de las lecturas la toma de una carta del senador Hawley del 26 de agosto. Chad Marlow, de la Unión Americana de Libertades Civiles, dijo que la empresa admite esas lecturas, y que en dieciocho meses más de 200 localidades dejaron el servicio, con más de tres bajas por día en agosto de 2026. La empresa, en enero, habla de más de 6.000 comunidades. En la misma audiencia Benn Jordan, ingeniero de Atlanta, contó que en 2025 se vendían cuentas de organismos policiales y que en más de 60 cámaras nuevas se podía ver, borrar y modificar un mes de imágenes. Pidió que alguien de afuera pruebe la seguridad. Dick Durbin, presidente del comité, contó el caso de Lindsey Isaacs: una cámara leyó mal su auto, estuvo 13 días presa con ocho cargos graves y la causa se cayó a los siete meses.

El 1 de octubre de 2026 la jueza federal Sara E. Hill, en el norte de Oklahoma, excluyó la prueba de una causa, Estados Unidos contra Melisa Susan Kyle. Un oficial de Tulsa buscó la patente en Flock y en otro sistema de lectores solo porque el auto tenía patente de California. Le volvieron más de cincuenta registros de ese vehículo, de un mes y de varios estados. Hill escribió que el sistema junta lo que pasa frente a cualquier cámara de la red, todo el tiempo, y se lo da a la policía cuando lo pide. Lo llamó vigilancia masiva indiscriminada, y para ella esa consulta necesitaba orden de un juez. En el mismo fallo anotó que su circuito y la Corte Suprema todavía no resolvieron la cuestión, y que casi todos los juzgados que la miraron dijeron que en la calle pública esa consulta se hace sin orden. Lo que ella ordenó vale para esa causa.

Quien paga la cámara decide si otra policía ve esas patentes. La empresa dice que el archivo no está a la venta. En la mayoría de los juzgados que ya fallaron, la búsqueda se hace sin orden. El 1 de octubre, en un caso, una jueza federal dijo que la orden sí hacía falta.