El vicepresidente de Bolivia dice que teme por su vida y denuncia un montaje para detenerlo

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, dijo el viernes 2 de octubre que teme por su vida. Lo escribió en un comunicado oficial desde Madrid. Acusó al entorno del Ejecutivo de Rodrigo Paz de armarle un caso falso para detenerlo.

El texto lleva el sello de la Vicepresidencia. Lara dice que recibió advertencias del entorno del Órgano Ejecutivo. Dice que lo buscan amedrentar por defender la Constitución y la democracia.

Denuncia que varios policías lo alertaron. Según esa versión, el coronel Marcelo Ferrufino, jefe de Inteligencia de la Policía, estaría armando un caso falso para proceder a su aprehensión ilegal. Dice que se estaría planteando la siembra de pruebas para involucrarlo en hechos que afirma no haber cometido. Llama a eso un montaje con fines políticos para acallarlo.

Deja constancia de que no cometió delito alguno. Dice que todo caso que aparezca en su contra a partir de ahora será parte de ese plan. Hace responsable de su integridad, de la de su familia y de cualquier atentado contra su libertad, al Gobierno y a quienes ejecuten esas órdenes. Pide a la Asamblea Legislativa, al Ministerio Público, a los organismos de derechos humanos y a la comunidad internacional que se mantengan en vigilia. Cierra: Bolivia necesita justicia, no montajes. Necesita diálogo, no persecución política.

Lara está en España por el XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que terminó ese viernes. El comunicado no adjunta pruebas de las advertencias ni de la siembra de pruebas que describe.

Las detenciones de la Fiscalía

La noche del miércoles 30 de septiembre la Policía aprehendió al fiscal general Roger Mariaca y al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, en el aeropuerto Viru Viru. Llegaban de Sucre. También cayeron el fiscal superior Martín Irusta y el mayor Rubén Aparicio.

Funcionarios de la Fiscalía General transmitieron esa noche desde la sede de Sucre. Denunciaron el operativo como un secuestro. Dijeron que Mariaca había sido retenido en Viru Viru sin documento ni orden de aprehensión. Efectivos del Centro de Especialización de Investigación Policial entraron al edificio. Una funcionaria de Comunicación dijo que les anunciaron que todos estaban aprehendidos. No se exhibió, según esa transmisión, una orden de allanamiento.

El jueves el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, defendió el operativo. Dijo que se cumplió el derecho, los plazos y los reglamentos. Contó 14 aprehendidos: cuatro autoridades jerárquicas del Ministerio Público, seis funcionarios de la Fiscalía de Santa Cruz que, según el Gobierno, iban a sacar papeles de la casa de Mariaca, y cuatro personas en una ambulancia que salió de ese domicilio. El fiscal Daniel Ortuño, después del conteo, informó Bs 3.532.100 y 10.000 dólares en el vehículo.

Oviedo dijo que se desmontó una organización criminal enquistada en la justicia y en el Ministerio Público, encabezada por Mariaca, destinada a proteger e incentivar el narcoterrorismo. Dijo que el operativo lo hizo la Policía Boliviana en su integridad. Descartó que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) hubiera participado en el campo. Agradeció la cooperación de agencias de Estados Unidos, de la Unión Europea y de países vecinos. Dijo que la investigación lleva meses y no nació de la lista de visas de Washington. No descartó una extradición futura: dijo que por el momento no hay pedido.

El abogado de Mariaca, Jerjes Justiniano, dijo que Mariaca no estaba cometiendo un delito en el aeropuerto y que, sin eso, la Policía no podía detenerlo ahí. Mariaca se acogió al silencio.

Qué hizo Estados Unidos

El lunes 28 de septiembre el Departamento de Estado impuso restricciones de visado a extranjeros a los que acusa de socavar gobiernos elegidos mediante corrupción o narcotráfico. En Bolivia revocó las visas vigentes de doce personas y de sus familias. En la lista pública figuran Irusta, Zeballos, tres jueces de Santa Cruz, el exministro de Justicia Iván Lima, el coronel Frans William Cabrera Quispe y el empresario José Luis Iriarte Cussi. Otros nueve bolivianos sin visa quedaron, en general, excluidos de obtenerla.

Ese mismo día Washington designó públicamente a Mariaca por corrupción significativa. Lo acusa de solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia. Dice que eso pone en peligro los esfuerzos del presidente Trump contra el narcoterrorismo. La designación lo deja, junto a su familia directa, inelegible para entrar a Estados Unidos. No es una condena judicial boliviana.

Dos días después cayeron, en el operativo boliviano, Mariaca, Zeballos e Irusta, tres nombres de esa lista.

El 1 de octubre, el mismo día en que Oviedo dio la rueda, el secretario de Estado Marco Rubio escribió que la Administración Trump se mantiene firmemente junto al presidente Rodrigo Paz y al gobierno democráticamente electo de Bolivia, mientras toma acciones audaces y decisivas contra el narcotráfico, la corrupción sistémica y el crimen organizado transnacional.

Ese mismo día los 15 gobiernos del Escudo de las Américas publicaron una declaración conjunta: Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago. Aplauden las acciones decisivas de Bolivia. Hablan de acciones policiales de alto perfil contra funcionarios y exfuncionarios de alto rango implicados en el narcotráfico. Cierran: hoy apoyamos firmemente a Bolivia.

Lara, el 1 de octubre, antes del comunicado de Madrid, había dicho que nadie está por encima de la ley. Pidió que las aprehensiones respeten las normas, bajo dirección del Ministerio Público, y el debido proceso. Escribió que ningún agente policial extranjero, sea de la DEA o de cualquier otra institución, puede ejercer funciones de aprehensión dentro del territorio al margen de la legislación boliviana. Dijo que si una persona es requerida por la justicia de otro país, deben cumplirse los mecanismos de cooperación y, cuando corresponda, de extradición. Ya había rechazado condenar a una autoridad boliviana solo por estar en la nómina de un gobierno extranjero.

La imputación y la ley corta

El viernes 2 de octubre la Fiscalía imputó a Mariaca, Zeballos, Irusta y Aparicio por tráfico de sustancias controladas y organización criminal. Pidió seis meses de detención preventiva: San Pedro para Mariaca y Zeballos; Patacamaya para Irusta y Aparicio. El escrito, de 20 páginas, cita un video en el que el uruguayo Sebastián Marset dice “Mariaca es mi amigo”, datos de la Unidad de Investigaciones Financieras, teléfonos y dinero secuestrados, y antecedentes procedentes de Estados Unidos. La audiencia cautelar quedó para el sábado 3 a las 05.00, de forma virtual.

Ese viernes Paz promulgó la Ley 1773, que modifica el artículo 25 de la Ley 260 del Ministerio Público. Si el fiscal general está imputado o con medida cautelar por un delito con cárcel, la Asamblea puede suspenderlo con dos tercios de los presentes y nombrar un interino en la misma sesión.

Mariaca investigaba, entre otras causas, al consultor argentino Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia.

Nota relacionada: Fernando Cerimedo: varias causas abiertas, nuevas acusaciones y un choque con Estados Unidos