ANDIS: embargo de $202.828 millones en la causa, $158.717 millones sin papel oficial

Circulan $158.717 millones atribuidos a la ex ANDIS. La cifra exacta que se repite es $158.717.131.557,63, con corte al 21 de agosto de 2025. Se la presenta como una diferencia entre dos listados de "deuda exigible": el de la Dirección de Presupuesto y Contabilidad y el de la DNASS, la dirección que manejaba el acceso a los servicios de salud. En ese relato, la DNASS informó el monto más alto y atribuyó las diferencias a errores involuntarios de carga de prestadores.

Eso es una diferencia de registros. No prueba, por sí sola, que falte esa plata, ni un perjuicio fiscal, ni un esquema de coimas. Las planillas de esos dos listados no están publicadas. El número no está copiado en el Boletín Oficial, ni en un comunicado de ANDIS, ni en Salud, ni en los informes publicados de la AGN.

Conviene no mezclar tres papeles distintos.

El primero es el Informe Final de Intervención. El 21 de agosto de 2025 el Ejecutivo sacó a Diego Spagnuolo de la Agencia Nacional de Discapacidad y puso a Alejandro Vilches al frente. El 28 de agosto ANDIS anunció una auditoría interna y dijo que iba a informar las conclusiones cuando terminara el análisis. A fin de año el Decreto 942/2025 disolvió ANDIS y la pasó al Ministerio de Salud como Secretaría Nacional de Discapacidad. En los considerandos cita el informe IF-2025-143680901-APN-DE#AND. Ese identificador prueba que el archivo se presentó. El decreto habla de sistemas fragmentados, compras irregulares y problemas de registros. No copia los $158.717 millones.

Un proyecto de resolución de Diputados reproduce ese informe: irregularidades administrativas, financieras, tecnológicas y de control. Dice que se retomó un trabajo sistemático con SIGEN sobre los ejercicios 2024 y 2025, a partir de observaciones de una evaluación del sistema de control interno. Y que los hallazgos fueron remitidos al Juzgado Federal N° 11, de Sebastián Casanello, y a la Fiscalía Federal N° 5, de Franco Picardi. También que ANDIS seguía colaborando con la PIA con informes semanales en un sumario administrativo.

El segundo papel es SIGEN. El informe de intervención habla de trabajo y observaciones de la Sindicatura. Fundado no encontró un informe autónomo de SIGEN, con número propio, que copie esos montos. Que un documento no figure en el buscador público de SIGEN no prueba que no exista ni que esté retenido.

El tercero es la causa penal. El 10 de febrero de 2026 Casanello, a pedido de Picardi, procesó a Spagnuolo como presunto jefe de una asociación ilícita. El Ministerio Público Fiscal informó que le fijó un embargo de $202.828.725.464. Un embargo es una traba cautelar para asegurar bienes mientras corre la causa. No es el daño comprobado, ni una condena, ni la diferencia de listados de deuda. El MPF no publicó, en ese comunicado, cómo se calculó esa cifra ni su fecha de corte.

Esa pesquisa mira las compras PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia: medicamentos e insumos caros) y el programa Incluir Salud. La hipótesis es contrataciones direccionadas, simulación de competencia y sobreprecios. Casanello escribió que, después de la intervención, se vieron bajas de precios de hasta un 838%. Es un procesamiento, no una condena.

El 22 de septiembre de 2026 la Sala II de la Cámara Federal, con los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico, confirmó esos procesamientos, según el MPF. Los camaristas citaron el allanamiento de la sede, correos, teléfonos y el sistema informático de contrataciones de la agencia.

El 2 de septiembre de 2026 Vilches se presentó ante la Comisión de Discapacidad de Diputados, con Esteban Giler y Gianfranco Scigliano. El Ministerio de Salud lo comunicó. Ese comunicado no incluye que Vilches haya dicho que existe un informe de SIGEN ni que la secretaría sigue mandando papeles a la causa. Lo que sí está, en el proyecto de Diputados que cita el IF, es el envío de hallazgos al juzgado y a la fiscalía, y la colaboración semanal con la PIA. Mandar documentación no es lo mismo que esa documentación esté valorada como prueba de una sentencia.

La AGN es otro trabajo. En su plan 2026 figura una auditoría de gestión a ANDIS. Al cierre de esta nota ese informe no está para descargar.

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