Seguridad informa más de 20.000 extranjeros expulsados, rechazados o inadmitidos desde febrero

El Ministerio de Seguridad Nacional informó el viernes 18 de septiembre que, desde febrero, más de 20.000 extranjeros fueron expulsados del país, rechazados en la frontera o inadmitidos por no cumplir los requisitos para entrar o quedarse.

El número es oficial. No es, en cambio, un desglose. El comunicado junta tres situaciones distintas en un solo total y no publica cuántos corresponden a cada una.

Una expulsión es sacar del territorio a alguien que ya está en la Argentina, con una orden administrativa o judicial. Un rechazo en frontera es impedir el paso en el control, antes de que la persona quede admitida. Una inadmisión es no dejar entrar a quien no reúne las condiciones de ingreso. Las tres existen en la Ley de Migraciones 25.871. No son el mismo trámite ni tienen el mismo efecto.

La ministra Alejandra Monteoliva dio la cifra desde el Aeroparque Jorge Newbery. Dijo que el que tiene antecedentes, documentación irregular o no cumple los requisitos para entrar, no entra, y que el extranjero que delinque y tiene una orden de expulsión, se va.

Según el parte, el ministerio refuerza controles en fronteras, aeropuertos y pasos internacionales junto con la Dirección Nacional de Migraciones y las fuerzas federales. Afirma que los controles no terminan en la frontera: cruzan información, detectan irregularidades y localizan a quienes ya tienen una medida de expulsión para hacerla efectiva.

El mismo texto aclara la línea política: la Argentina recibe a quien viene a trabajar, estudiar, invertir y vivir respetando la ley, y que tener las puertas abiertas no significa dejar de controlar quién ingresa.

Lo que el ministerio no adjunta en ese anuncio es la serie: cuántos de esos más de 20.000 son expulsiones cumplidas, cuántos rechazos en el paso y cuántos inadmitidos; ni la nacionalidad, ni el mes a mes desde febrero, ni cuántas órdenes siguen pendientes. Sin ese corte, el total sirve para medir el volumen de controles, no para igualar “20.000 expulsados” con 20.000 personas que ya estaban radicadas y fueron sacadas del país.

La ley de fondo es la 25.871. Ahí están las causales de cancelación de residencia y expulsión, el ingreso por lugar no habilitado y la revisión judicial de las expulsiones administrativas. El DNU 70/2017 y reformas posteriores endurecieron plazos y procedimientos; el comunicado de ahora no cita un decreto nuevo, sino el resultado de esa política de controles desde febrero.

Hasta que Migraciones o Seguridad publiquen las tres columnas por separado, el dato duro que hay es este: más de 20.000 casos sumados de expulsión, rechazo e inadmisión desde febrero, anunciados por la ministra en Aeroparque, sin abrir el número.