Reino Unido evalúa cobrar una licencia para ver Netflix y YouTube: el Gobierno busca ampliar el financiamiento de la BBC

El Gobierno del Reino Unido estudia modificar el sistema de financiamiento de la BBC para que la obligación de pagar una licencia de televisión pueda alcanzar también a quienes consumen contenidos mediante plataformas de streaming y servicios de video por internet.

La posibilidad fue confirmada el 13 de julio de 2026 por Lisa Nandy, secretaria de Cultura, Medios y Deporte, ante la Comisión de Cultura, Medios y Deporte de la Cámara de los Comunes. La presidenta de la comisión, Caroline Dinenage, le preguntó si el Gobierno consideraba ampliar la licencia a quienes miran contenidos de plataformas de streaming y de video en cualquier dispositivo conectado. Nandy respondió que era una de las opciones en estudio.

En esa misma respuesta recordó lo que el documento de consulta ya había dejado afuera: un impuesto nuevo a los hogares, el financiamiento con impuestos generales y un gravamen sobre las plataformas de streaming. Dijo que un gravamen de ese tipo alejaría inversión y dañaría el ecosistema del que también vive la BBC.

La discusión no implica que la nueva obligación ya esté vigente. El Ejecutivo todavía debe definir el modelo para el período que empieza en enero de 2028, cuando entre en vigor la nueva carta. Robert Specterman-Green, director de medios del departamento, dijo en la misma sesión que la consulta había recibido más de 120.000 respuestas y que apuntan a cerrar el libro blanco antes de que termine 2026. La consulta había cerrado el 10 de marzo.

La licencia en color cuesta £180 al año desde el 1 de abril de 2026, £5,50 más que el año anterior, equivalente a £15 al mes. Según TV Licensing, hoy hace falta licencia para ver o grabar televisión en directo, en cualquier canal y en cualquier dispositivo, también si ese directo llega por Netflix, YouTube o Amazon Prime, y para usar BBC iPlayer. No hace falta si alguien solo mira series y películas a demanda en Netflix o Disney+, ni para los videos comunes de YouTube que no son un programa de televisión emitido en directo.

La reforma podría modificar esa distinción. Nandy describió varias vías, sin elegir una. Se puede sumar un cargo a la suscripción de streaming, pagado por el usuario. Se puede armar un esquema escalonado, en el que quien tiene streaming pague un adicional menor en lugar de la licencia completa. O se le puede decir a quien tiene una de esas suscripciones que debe pagar la licencia. También habló de concesiones para quien las necesite o use menos la BBC, y de la posibilidad de bajar el precio para todos si se amplía la base. Aclaró que no hay una decisión ni un plan cerrado.

Por eso no puede afirmarse que todos los británicos ya estén obligados a pagar por ver cualquier video en internet, ni que el importe de una futura licencia esté fijado.

La discusión responde a un problema concreto de recaudación. La Biblioteca de la Cámara de los Comunes, en un informe del 13 de octubre, recoge que las licencias vigentes bajaron de 23,8 millones en marzo de 2025 a 23,3 millones en marzo de 2026. Cita el informe anual de la BBC, que informó ingresos por licencia de 3.879 millones de libras en 2025/26 y un impacto fuerte de los hábitos de audiencia sobre esa recaudación.

Esa caída coincide con el paso a plataformas y contenidos a demanda. El sistema actual deja fuera de la obligación a muchos de esos usuarios, siempre que no miren emisiones en directo ni usen BBC iPlayer.

Para la BBC, ampliar la base permitiría sostener ingresos mientras cae el número de hogares que pagan. Para los usuarios, la reforma podría ser un costo adicional aunque no miren la televisión pública.

Ese es uno de los puntos centrales. El eventual pago no necesariamente dependería de mirar programas de la BBC, sino de las condiciones que se fijen para decidir quién financia el servicio.

El 1 de octubre de 2026 la misma comisión publicó el informe sobre la renovación de la carta. Recomendó que el libro blanco fije pasos para ampliar el alcance de la licencia a tiempo para enero de 2028. Como mínimo, el pago no debería seguir atado a un aparato o a una actividad concreta. La intención es llegar a más hogares y, con eso, aumentar la recaudación. El informe agrega que bajar el precio individual haría más fácil de aceptar esa ampliación.

No es un impuesto sobre los ingresos de Netflix o YouTube. Nandy dijo que esa vía ya había quedado descartada en la consulta. La alternativa en análisis es reformar la licencia y hacerla alcanzar a consumidores que hoy pueden quedar afuera. Un gravamen sobre la facturación de Netflix pegaría en la empresa. Extender la licencia trasladaría la obligación al usuario.

Hasta el libro blanco no existe una obligación nueva de pagar licencia por consumir Netflix, Disney+ o videos a demanda en YouTube. Sí existe una propuesta real de ampliar el sistema, con una recomendación parlamentaria, que podría cambiar las reglas desde 2028.

En la audiencia, Dinenage planteó otra cifra que ordena el debate: el 94% de los adultos usa la BBC y el 80% de los hogares paga. El comunicado del Gobierno del 6 de febrero, al anunciar las £180, también dice que el 94% de los adultos del Reino Unido usó la BBC cada mes el año pasado.

El debate enfrenta dos objetivos: garantizar ingresos estables para la radiodifusión pública y evitar que una reforma termine convirtiéndose en un costo obligatorio para hogares que ya pagan suscripciones de entretenimiento.