Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero: embargo de $1.000 millones y prohibición de salir del país

Actualizado - 23/10/26

La Justicia procesó a José Luis Espert por presunto lavado de activos, le impuso un embargo de $1.000 millones y le prohibió salir del país. La causa investiga el origen de US$ 200.000 que habría recibido el exdiputado y su presunta vinculación con Federico Machado, empresario investigado en Estados Unidos por delitos financieros y narcotráfico.

El procesamiento del 22 de octubre de 2026 lo firmó el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli. Esa resolución no está publicada en el Centro de Información Judicial ni en el repositorio de sentencias de la Corte. Quien hizo pública la decisión ese día fue La Nación: escribió que fuentes judiciales le informaron el procesamiento, el embargo y la prohibición de salir. Infobae, el mismo día, también citó fuentes judiciales para el procesamiento del contador y de Varianza SA. El fallo de la Cámara que figura entre las fuentes es del 19 de febrero de 2026 y documenta los antecedentes.

El origen de la investigación

Un documento de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, firmado el 19 de febrero de 2026 por el juez de cámara Pablo Daniel Bertuzzi, registra una denuncia contra Espert relacionada con la recepción de US$ 200.000 cuyo origen se atribuía a actividades ilegales vinculadas al narcotráfico y a su relación con Machado.

La Cámara resolvió una contienda de competencia y determinó que esa investigación debía tramitarse junto con otro expediente anterior, por la coincidencia entre las personas involucradas y los hechos denunciados. El fallo concentra las actuaciones en un juzgado. El procesamiento de octubre no sale de ese texto.

La conexión con las investigaciones en Estados Unidos

En febrero de 2021, el Departamento de Justicia estadounidense anunció una acusación contra Machado y otras personas por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, lavado de activos, fraude electrónico y operaciones con aeronaves.

La investigación estadounidense examinaba una estructura de operaciones financieras y comerciales vinculadas con la compraventa y el registro de aviones. Esa acusación aporta contexto sobre las investigaciones que involucraron a Machado, pero por sí sola no demuestra que los fondos atribuidos a Espert provinieran de esos delitos.

La acusación y el contrato

El pedido de procesamiento fue del fiscal federal Fernando Domínguez. Según esa hipótesis, el 22 de enero de 2020 una cuenta de Espert en el exterior recibió US$ 200.000 de Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma que la fiscalía vincula con la organización de Machado. El dinero habría entrado a una cuenta del Morgan Stanley. La fiscalía sostiene que Espert no la declaró y que allí quedó un saldo de más de US$ 118.000.

Espert explicó el ingreso con un contrato de asesoramiento con la minera guatemalteca Minas del Pueblo, representada por Machado. El convenio está fechado el 7 de junio de 2019 y fija honorarios por US$ 1.000.000 a cambio de asesoramiento financiero. La fiscalía lo trata como simulado. Los registros migratorios que cita indican que Espert no viajó a Guatemala y que Machado estaba en la Argentina cuando el papel se habría firmado allí. El trabajo descrito incluye ingeniería y geología minera, ajenas a la especialidad de Espert.

Con ese dinero, la fiscalía reconstruye la compra de un BMW y, después, de una camioneta Lexus de casi US$ 130.000. La Nación e Infobae suman, en esa misma decisión, el procesamiento del contador Mariano Alejandro Cosentino, con un embargo de $700 millones, y el de Varianza SA, sociedad de Espert y su esposa, con un embargo de $500 millones. Para la fiscalía, Cosentino certificó el origen de los fondos y la sociedad sirvió para mostrar ingresos profesionales: dice que emitió tres facturas en toda su existencia, una de ellas al propio Espert.

La defensa

En agosto Espert pidió el sobreseimiento por escrito. Sostuvo que el dictamen del fiscal habla del origen de los US$ 200.000 como algo presunto, y escribió que «sin origen ilícito probado no hay nada que lavar: se cae el edificio entero». Dijo además que en 2019 y 2020 no había una alerta, una causa ni un reporte sobre Machado, y que por eso no sabía con quién estaba tratando cuando cobró.

Días antes, la Cámara Federal de San Martín rechazó un planteo de la defensa para recusar al fiscal Domínguez y dejó la investigación en pie. El procesamiento puede apelarse ante la Sala II de ese tribunal.

Qué implican las medidas judiciales

El procesamiento supone que el juez considera que existen elementos suficientes para que la investigación avance contra el acusado. No equivale a una condena definitiva.

El embargo de $1.000 millones busca asegurar eventuales responsabilidades patrimoniales, mientras que la prohibición de salir del país restringe los desplazamientos internacionales de Espert mientras la medida permanezca vigente.

El punto central de la causa es determinar el origen de los US$ 200.000, la naturaleza de la operación mediante la cual se habrían recibido y si existió una maniobra para incorporar fondos de origen ilícito al circuito económico.