Malvinas: el proyecto Sea Lion avanza hacia el primer crudo en 2028

En el Atlántico Sur, a unos 220 kilómetros al norte de las islas Malvinas, dos empresas extranjeras están convirtiendo un yacimiento en un proyecto de producción. Para la Argentina, que reclama soberanía sobre el archipiélago y su plataforma, esa actividad es ilegal: se hace sin autorización de ninguna autoridad nacional y contradice las resoluciones de la ONU que piden abstenerse de actos unilaterales mientras dura la disputa.

El yacimiento se llama Sea Lion (León Marino). Lo opera Navitas Petroleum (65%), con sede israelí y sociedad británica de desarrollo; la británica Rockhopper Exploration retiene el 35%. En diciembre de 2025 ambas tomaron la decisión final de inversión de la primera fase. El cierre financiero se reportó a fin de ese mes. El plan de la Fase 1 es recuperar del orden de 170 millones de barriles, con un pico de producción de unos 50.000 a 55.000 barriles diarios. El primer petróleo está fijado para 2028 (Navitas habla de marzo de ese año). A campo completo, las evaluaciones del consorcio hablan de cerca de 917 millones de barriles de recursos 2C.

La plata ya está en movimiento. El capex ronda los 1.800 millones de dólares hasta el primer petróleo y unos 2.100 millones hasta cerrar la etapa financiada. El esquema es offshore clásico: once pozos submarinos atados a un FPSO (unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga). El buque elegido es el Aoka Mizu, de Bluewater: en mayo de 2026 su operador anterior terminaba la producción en el yacimiento previo y el barco debía ir a astillero para adaptarlo a Sea Lion. El crudo saldrá por tanqueros de evacuación: barcos que, en la lectura argentina, cierran la cadena de extracción sin permiso del Estado.

En mayo de 2026 el consorcio sumó un movimiento que agranda la escala: un memorándum de entendimiento por un segundo FPSO que podría sumar del orden de 125.000 barriles diarios a los 55.000 de las primeras fases. No es contrato firme; Rockhopper lo presentó como exploración de un desarrollo más rápido. Si se concreta, la extracción y el tráfico de tanqueros en la zona se multiplican.

El Estado argentino no parte de cero. La Ley 26.659 prohíbe explorar y explotar hidrocarburos en la plataforma continental sin autorización. Rockhopper fue declarada clandestina e inhabilitada por veinte años (resoluciones de Energía de 2012 y 2013). Navitas recibió el mismo tipo de sanción en 2022. La Cancillería, al anuncio del FID, calificó el proyecto de unilateral e ilegítimo y citó las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General. En 2015 ya hubo causa federal en Río Grande con multas y pedidos de secuestro de equipos; varias firmas se retiraron entonces. Hoy el capital y los contratos empujan en dirección contraria al freno judicial y diplomático.

A la par del petróleo, el mismo enclave consolida la pesca con licencias unilaterales de largo plazo. No es el mismo negocio, pero es el mismo patrón: recurso en zona en disputa, permiso británico, barcos de bandera extranjera, renta fuera del control argentino.

El estado actual, con datos duros y sin eufemismos: el proyecto ya no es un prospecto en papel. Tiene FID, financiamiento, FPSO en preparación, cronograma de first oil en 2028 y, sobre la mesa, una segunda unidad flotante. La pregunta de Estado es si con ese capex desplegado bastan la protesta diplomática y las inhabilitaciones de dos décadas, o si hace falta otra palanca antes de que empiecen a salir decenas de miles de barriles diarios de un mar que Buenos Aires reclama como propio.