Argentina endurece su ofensiva contra las petroleras que buscan explotar petróleo en Malvinas

El Gobierno advirtió que podría iniciar acciones penales contra los directivos de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum por su participación en el proyecto petrolero Sea Lion. La advertencia llega después de dos jornadas de audiencias ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, donde Argentina reclamó la suspensión de las operaciones. La primera resolución del organismo se espera para el 28 de noviembre.

La disputa por los recursos hidrocarburíferos de las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo el jueves 12 de noviembre. El canciller Pablo Quirno afirmó que tanto las empresas involucradas en el proyecto Sea Lion como sus directivos podrían enfrentar acciones penales bajo la legislación argentina. En declaraciones a Radio Rivadavia, sostuvo que ambas compañías están cometiendo delitos según las normas nacionales y confirmó que el Gobierno contempla avanzar también contra personas físicas.

La advertencia no es solamente retórica. Según documentación incorporada a las actuaciones ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y revelada por el medio británico The Guardian, el 1 de septiembre la representación diplomática argentina había enviado comunicaciones dirigidas personalmente al director ejecutivo de Rockhopper, Sam Moody, y al director financiero de la compañía. Moody declaró ante el Tribunal que recibió advertencias sobre posibles procesos penales, penas de prisión y multas por su participación en el emprendimiento.

El episodio refleja hasta dónde llegó el enfrentamiento: Argentina no solamente cuestiona las licencias concedidas por el Reino Unido, sino que busca responsabilizar también a quienes participan comercial y operativamente de la explotación.

El proyecto en cuestión es Sea Lion, un yacimiento petrolero ubicado al norte de las Islas Malvinas, en una zona marítima cuya soberanía Argentina y el Reino Unido mantienen en disputa. Sus principales participantes son la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum.

La iniciativa ya superó la etapa de exploración preliminar. En diciembre de 2025, ambas empresas anunciaron su decisión final de inversión, lo que significa que avanzaron con la financiación y las aprobaciones necesarias para desarrollar el proyecto. Según el cronograma publicado por Navitas, las perforaciones de desarrollo comenzarían en 2027 y la primera producción de petróleo está prevista para marzo de 2028. La compañía proyecta una explotación superior a los 30 años.

Esto explica la urgencia de la reacción argentina: el país busca frenar el desarrollo antes de que la extracción comience y se consolide una actividad económica de larga duración sobre recursos que considera propios.

La posición del Gobierno se apoya principalmente en la Ley 26.659, que establece que las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina requieren autorización de las autoridades nacionales. La legislación también alcanza a empresas y participantes que financien, presten servicios o intervengan en operaciones no autorizadas. Entre las sanciones administrativas previstas se encuentran inhabilitaciones de entre cinco y veinte años.

En septiembre, el Gobierno inició procedimientos contra empresas y actores vinculados al proyecto, además de presentar denuncias penales. El Decreto 868/2026 fortaleció el mecanismo de aplicación de esta normativa y designó a la Cancillería como autoridad responsable.

La posición argentina es que las licencias otorgadas unilateralmente por las autoridades británicas no habilitan a terceros a explotar recursos de la plataforma continental que el país reclama como parte de su territorio. Londres, por su parte, sostiene que administra legítimamente las islas y que las actividades petroleras se encuentran autorizadas bajo su propio régimen normativo.

El reclamo llegó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar

La disputa también adquirió una dimensión internacional. El 28 de septiembre Argentina inició un procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido y, ante la negativa británica a suspender las actividades, el 13 de octubre presentó un pedido de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania.

En términos sencillos, Argentina pidió que el organismo ordene detener el avance del proyecto Sea Lion mientras se desarrolla la controversia. También solicitó que el Reino Unido no utilice información obtenida durante la exploración en perjuicio de los derechos argentinos, que permita proteger el ambiente marino y que se abstenga de otorgar nuevos permisos que profundicen el conflicto.

Las audiencias públicas se desarrollaron el 10 y 11 de noviembre. Durante las presentaciones, Argentina defendió sus derechos sobre los recursos naturales de la plataforma continental y advirtió sobre las consecuencias de permitir que la explotación avance sin resolver la controversia.

El Reino Unido rechazó el planteo y cuestionó que el Tribunal tenga competencia para intervenir en la disputa. También defendió la legalidad de las licencias otorgadas y sostuvo que suspender el desarrollo podría comprometer definitivamente la viabilidad económica del emprendimiento, con consecuencias para los habitantes de las islas.

Hay una distinción importante: el Tribunal del Mar no está resolviendo en esta instancia a quién pertenecen las Malvinas. Lo que debe evaluar ahora es el pedido argentino de medidas urgentes dentro de una controversia relacionada con la explotación de recursos marítimos. La discusión sobre soberanía tiene una trayectoria internacional propia y continúa pendiente de una solución negociada.

Los recursos naturales, el tiempo y la capacidad de hacer cumplir una decisión

El caso expone una dificultad central para la posición argentina. Aunque el país dispone de legislación nacional, puede iniciar procedimientos contra empresas y utilizar canales diplomáticos y judiciales, impedir materialmente una explotación offshore en una zona bajo control británico representa un desafío mucho mayor.

Una eventual decisión favorable del Tribunal sería un respaldo importante al reclamo argentino, pero no debe confundirse con una recuperación automática del control sobre el área ni con una resolución definitiva de la disputa de soberanía. Su cumplimiento y las consecuencias posteriores dependerán también de la conducta del Reino Unido y del desarrollo del procedimiento arbitral.

Al mismo tiempo, permitir que el proyecto avance sin una respuesta efectiva podría consolidar durante décadas una explotación económica sobre recursos cuya titularidad Argentina reclama. Una vez instaladas las plataformas, iniciada la producción y comprometidas inversiones de largo plazo, revertir la situación podría resultar considerablemente más complejo.

El próximo paso está previsto para el 28 de noviembre de 2026, fecha que el Tribunal estableció provisionalmente para la lectura de su resolución sobre las medidas solicitadas.

La controversia ya no se limita a una nueva declaración diplomática sobre Malvinas. Argentina está intentando impedir que el desarrollo petrolero se convierta en un hecho consumado, mientras las empresas avanzan con un proyecto que proyecta comenzar a producir en 2028. El resultado de esta disputa tendrá consecuencias que exceden ampliamente a las compañías involucradas: está en juego la capacidad del Estado argentino de defender sus derechos sobre los recursos naturales del Atlántico Sur mediante instrumentos legales, diplomáticos e internacionales.