Trump sanciona a la Corte Penal Internacional y presiona a sus aliados para neutralizarla

Estados Unidos sancionó el viernes a la Corte Penal Internacional como institución, no solo a jueces o fiscales. Lo anunció el secretario de Estado, Marco Rubio. Hasta ahora Washington había apuntado a personas: el Departamento de Estado habla de 17; la Corte, de trece jueces y fiscales. El viernes quedó el organismo entero.

Rubio dijo que va a cortarle el dinero y paralizarla. Calificó al tribunal de «corte irrestricta». Les pidió a los aliados que la frenen: muchos están en la CPI y, al mismo tiempo, dependen de los militares estadounidenses. «O bien la CPI pone fin a sus amenazas, o bien nosotros pondremos fin a la CPI». Si no, Estados Unidos va a desmantelarla «piedra a piedra».

Qué significa en la práctica

Estados Unidos bloquea los bienes de la CPI que estén bajo su control y prohíbe, salvo excepciones, que personas estadounidenses hagan negocios con el tribunal. Eso pega en bancos, software y servicios que el organismo usa todos los días.

Al mismo tiempo dio 180 días para que la Corte siga funcionando: sueldos, alquiler, sistemas, pensiones, detenidos. Ese plazo es la ventana para que los países miembros negocien lo que Washington pide. El Tesoro dice que puede acortarlo o alargarlo.

Por qué apunta al tribunal

Estados Unidos nunca se sumó al tratado que creó la Corte. Rubio lo reiteró: no se adhirió, no la necesita y no la quiere. Sostiene que el tribunal se mete cuando investiga a estadounidenses o a funcionarios de aliados.

Eso se tensó el 21 de noviembre de 2024, cuando la CPI pidió la detención de Benjamin Netanyahu y de Yoav Gallant, entonces ministro de Defensa israelí, por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza. Israel rechazó esa autoridad. Washington también.

Ocho aliados rechazaron las sanciones

El mismo viernes, Canadá, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido salieron juntos a rechazar las sanciones y a respaldar a la Corte. Dijeron que, si se aplican, pegan en el trabajo del tribunal y en su gente. En diciembre hay asamblea de los Estados miembros.

La Corte calificó las sanciones como un ataque al Estado de derecho. Su presidenta, Tomoko Akane, dijo que van a seguir, con independencia, según la ley y las pruebas. El organismo tiene 125 países detrás.

La Corte sigue abierta. Las excepciones del Tesoro evitan un corte inmediato. Washington quiere otra cosa: que los aliados no solo protesten un fallo, sino que cierren para siempre la posibilidad de que el tribunal toque intereses estadounidenses.