Sea Lion y la extracción que continua ilegalmente

El 10 de diciembre de 2025, la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum (operadora con 65% de participación; Rockhopper retiene 35%) anunciaron la decisión final de inversión (FID) de la Fase 1 del campo Sea Lion (León Marino), en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte de la isla Soledad. Al día siguiente, la Cancillería argentina rechazó de plano el anuncio: lo calificó de “unilateral e ilegítimo” y advirtió que profundizaría las medidas que estime necesarias, conforme al derecho internacional, para resguardar derechos soberanos. El marco legal argentino no es retórica. La Ley 26.659 prohíbe explorar y explotar hidrocarburos en la plataforma continental sin autorización. Rockhopper ya había sido declarada clandestina e inhabilitada por 20 años (resoluciones de la Secretaría de Energía 133/2012 y 456/2013). Navitas recibió el mismo tipo de sanción en 2022 (Res. 240/2022). Ambas figuran, para el Estado argentino, como operadoras ilegales en territorio en disputa. El dato duro del “botín” que se pretende extraer es público en los propios papeles del consorcio: la Fase 1 apunta a ~170 millones de barriles recuperables, con pico de producción del orden de 50.000 barriles diarios y primer petróleo orientado a 2028. El campo completo se estima en unos 917 millones de barriles de recursos 2C. La financiación post-FID ronda los 1.800 millones de dólares hasta el primer petróleo y unos 2.100 millones hasta el cierre del proyecto. El esquema operativo es clásico offshore: pozos submarinos amarrados a un FPSO (unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga) y crudo transferido a tanqueros —es decir, barcos de extracción y evacuación en aguas que Buenos Aires no autorizó. A eso se suman las resoluciones de la ONU (2065 y 31/49) que piden abstenerse de actos unilaterales mientras persista la disputa de soberanía. Londres y Stanley tratan el recurso como “devolved matter” de un territorio de ultramar británico. Para Argentina, es extracción de crudo ajeno con bandera de “licencia” colonial: el mismo esquema que, en pesca, ya habilita a flotas de España, Corea, Vanuatu y Reino Unido con permisos que el Congreso y la diplomacia argentina consideran ilegales.