El censo que no llega: por qué contar damnificados es infraestructura de Estado, no trámite

Cuando un desastre deja sin vivienda, sin agua o sin hospital a miles de personas, el primer problema de gobierno no es el discurso de solidaridad: es saber cuántos son, dónde están y qué necesitan. Sin censo de damnificados no hay logística seria. Hay estimaciones, pelea de cifras y ayuda que llega tarde o a medias. Eso es lo que se ve, otra vez, en el terremoto de Colombia. En Chocó, la Defensoría del Pueblo advirtió que la falta de un censo impide conocer la magnitud real del impacto y verificar la situación de decenas de asentamientos. Mientras tanto, crecen los anuncios internacionales de misiones y paquetes de ayuda. La secuencia es familiar: el hecho físico (el sismo) es medible; la respuesta humana se demora en la contabilidad pública. Argentina conoce bien esta tensión, aunque con otros nombres. Inflación, pobreza, desocupación, cupos de ayuda social, reconstrucción tras inundaciones o incendios: todo termina en un número oficial. Cuando ese número tarda, se pelea o se opaca, el vacío lo llenan el rumor, el medio y la política. El “dato duro” no es un adorno de tecnócratas. Es la condición para asignar recursos sin que gane quien grita más. Hay dos errores simétricos. El primero es creer que un censo es burocracia fría mientras “hay que actuar”. Actuar sin mapa es gastar mal y dejar afuera a quien no tiene voz. El segundo es convertir el censo en arma partidaria: retrasarlo, inflarlo o desacreditarlo según convenga. En ambos casos se rompe la misma cosa: la posibilidad de que el Estado y la sociedad discutan con hechos compartidos. La lección, en Colombia y en cualquier capital, es simple. Contar damnificados, heridos, albergues y hospitales saturados no es el final de la respuesta: es el piso. Sin ese piso, la solidaridad internacional y los operativos locales navegan a ciegas.